La reciente propuesta legislativa que busca anexar el Distrito Municipal de Bayahíbe a la provincia de La Romana ha generado inquietud, sorpresa y rechazo. No se trata simplemente de una diferencia de criterio administrativo, sino de una amenaza directa a la integridad territorial, histórica e institucional de la provincia de La Altagracia.

Bayahíbe no es una zona en disputa ni un territorio olvidado. Es una comunidad que ha crecido bajo el amparo de La Altagracia, que ha sido acompañada por sus autoridades locales y provinciales, y que ha encontrado en nuestra provincia el impulso necesario para convertirse en uno de los destinos turísticos más dinámicos del país. La pertenencia de Bayahíbe a La Altagracia no es un accidente; es el resultado de una historia compartida, de una identidad consolidada y de una gestión constante.

La Ley 109-02 establece que Bayahíbe es un Distrito Municipal del municipio San Rafael del Yuma, en la provincia La Altagracia. Esta delimitación no es solo legal, sino también profundamente legítima. Desde sus autoridades municipales hasta su presupuesto, pasando por su planificación territorial y su sistema de servicios públicos, Bayahíbe ha sido gestionado y defendido como parte integral de La Altagracia.

Además, las inversiones que hoy hacen posible su desarrollo han sido concebidas y ejecutadas desde la visión estratégica de nuestra provincia. El Ministerio de Turismo, en coordinación con las instituciones altagracianas, ha apostado por su crecimiento.

Las infraestructuras, las mejoras viales, el ordenamiento urbano, el impulso a las excursiones hacia Isla Saona, y la promoción nacional e internacional del destino han sido fruto de esa alianza. Pretender ahora sustraer ese territorio y traspasarlo a otra provincia es desconocer el trabajo acumulado, romper la lógica institucional y generar un innecesario conflicto interprovincial.

Más aún, no existe una demanda popular para dicho cambio. Los habitantes de Bayahíbe no han expresado mayoritariamente un deseo de pertenecer a otra provincia. No ha habido referendo, ni firmas, ni asambleas comunitarias que respalden la idea. La propuesta nace, una vez más, de intereses políticos o interpretaciones unilaterales de afinidades geográficas, no de la voluntad auténtica de la comunidad.

Cambiar los límites provinciales no es una decisión menor. Implica alterar estructuras administrativas, redefinir presupuestos, redistribuir jurisdicciones, y en muchos casos, trastornar la gobernanza local. Y si no se hace con base en criterios técnicos, legales y democráticos, se corre el riesgo de erosionar la estabilidad territorial que tanto le ha costado al país construir.

Bayahíbe está bien donde está. Ha florecido como parte de La Altagracia y ha contribuido a consolidar nuestra provincia como la capital del turismo nacional. En lugar de dividir, debemos apostar por la colaboración entre provincias vecinas, por la planificación compartida y por el respeto a las comunidades. Eso es lo que esperan los ciudadanos. Eso es lo que fortalece la institucionalidad.

Bayahíbe pertenece a La Altagracia. Así lo dicta la historia, lo confirman las leyes, lo reflejan los hechos, y lo respalda el sentir de su gente. Cambiar eso no solo sería un error. Sería una injusticia.