El manual de conducta de la Policía Nacional establece el principio del uso proporcional de la fuerza, un mandato que busca garantizar el respeto a la vida humana incluso en medio de operaciones contra la delincuencia.

Sin embargo, lo ocurrido recientemente en Santiago revela la brecha abismal entre la norma y la práctica. El pasado miércoles, en esa ciudad cinco hombres fueron abatidos por agentes policiales.

De inmediato, la institución difundió una nota de prensa en la que aseguró que todos murieron tras resultar heridos en un intercambio de disparos, mientras recibían atenciones médicas. Ese comunicado afirmó que los agentes “se vieron en la obligación de repeler la agresión”.

Pero días después, el cuerpo del orden contradijo su versión inicial al anunciar la suspensión inmediata de los agentes involucrados. Por simple razonamiento lógico, se entiende que esta medida no se habría tomado si no existieran evidencias de que hubo irregularidades, excesos y posiblemente ejecuciones extrajudiciales.

¿Cómo confiar en una Policía que primero fabrica un relato justificativo y luego se ve obligada a rectificar por la presión de los hechos? La narrativa de “intercambio de disparos” ha sido usada con frecuencia para encubrir actuaciones violentas que contradicen el principio de proporcionalidad del uso de la fuerza en las actuaciones policiales.

La consecuencia inmediata es la desconfianza ciudadana. La pregunta de fondo, es si la Policía Nacional tiene la capacidad real de transformarse en un cuerpo respetuoso de los derechos humanos o si seguirá atrapada en viejas prácticas de fuerza bruta, maquilladas con comunicados oficiales.

La suspensión de unos cuantos agentes no basta. Se requiere un mayor nivel de transparencia y sanciones ejemplares. De lo contrario, la sociedad seguirá presenciando cómo la línea entre la aplicación de la ley y los excesos se desdibuja peligrosamente en manos de quienes deberían garantizar el orden.