Como si no bastara la angustia que provoca la indefinición del nuevo año escolar, miles de padres lidian ahora con una situación que agudiza su desconcierto: las altas tarifas de la mayoría de los colegios.
Esos centros educativos, por ser negocios privados, entienden que la pandemia que afecta al país del mismo modo ha mermado sus ingresos desde el primer momento en que fue declarado el estado de emergencia, a mediados de marzo de este año.
Para justificar esta postura, directivos de colegios explican que tienen que pagar nóminas de su personal docente y otros costos operativos, lo cual consideran no será posible sin los recursos económicos disponibles para tales fines.
Si partimos de que los colegios son empresas que necesariamente requieren mantener una dinámica de generación de dinero para subsistir, entonces sería justo darle parcialmente la razón al reclamo lógico de sus regentes.
Y decimos parcialmente, debido a que en el extremo opuesto están aquellos padres que producto de la crisis sanitaria por el covid-19 han perdido sus empleos, razón por la que en estos momentos no saben cómo inscribirán a sus hijos con miras al próximo año lectivo.
Algunos centros han sido más consecuentes y decidieron aplicar reducciones porcentuales importantes al pago de inscripciones y del primer mes de clases. Pero otros se mantienen radicalmente opuestos a adoptar esta medida. Lo ideal es negociar un punto de equilibrio, de manera tal que se llegue a un acuerdo satisfactorio bajo el entendido de que ambas partes, colegios y padres, se necesitan mutuamente.
