Nicaragua.– La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado una nueva ley que impone penas de tres a cinco años de cárcel, así como multas, a quienes difundan en redes sociales publicaciones que causen «alarma, temor, pánico o zozobra» entre la población, ya sea dentro del país o en el extranjero, según un comunicado del parlamento controlado por el gobierno de Daniel Ortega.
Si se considera que la publicación promueve la discriminación, el odio o la violencia, o pone «en peligro la estabilidad económica y social, el orden público», la pena será de cinco a diez años de cárcel.
Esta nueva normativa endurece la ley de ciberdelitos de 2020, que resultó en la acusación y arresto de numerosos opositores y periodistas en Nicaragua por «propagación de noticias falsas».
Control total de las redes
El abogado nicaragüense Salvador Marenco, actualmente exiliado en Costa Rica, calificó la nueva ley como un intento de imponer un «control total» sobre las redes sociales. Marenco destacó que estas plataformas fueron cruciales para denunciar las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua y afirmó que la nueva ley amplía la «política de represión transnacional» de Ortega.
Álvaro Leiva, presidente de la Asociación Centroamericana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, criticó la nueva ley como parte de la “dictadura de Ortega”. “Esto está claramente en sintonía con lo que siempre hemos señalado: la crisis sociopolítica, humanitaria y religiosa en Nicaragua es constante y ascendente, con violaciones permanentes a los derechos humanos. En Nicaragua, hablar de libertad y derechos civiles, políticos y constitucionales es una utopía. Este poder absoluto está en manos de dos delincuentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que han llevado la paz social al borde del colapso”, declaró Leiva a RFI.
El parlamento, por su parte, asegura que la ley «fortalece la prevención, el enfrentamiento, la investigación y la judicialización de los delitos a través de los sistemas informáticos, nuevas tecnologías y redes sociales».
Desde las protestas opositoras de 2018, el gobierno de Ortega ha intensificado la represión mediante cambios legislativos. Se ha forzado el cierre de aproximadamente 5.500 ONGs y se han confiscado sus bienes.
Las protestas de 2018 resultaron en más de 300 muertes en tres meses, según la ONU. Desde entonces, miles de nicaragüenses han buscado asilo en el extranjero, y cientos han sido expulsados y despojados de sus bienes.
Esta nueva ley se suma a una reforma al código penal aprobada la semana pasada, que impone condenas de hasta 30 años de prisión y confiscación de bienes por «delitos contra el Estado» nicaragüense cometidos por cualquier persona en cualquier país del mundo.
El martes pasado, Nicaragua retiró la nacionalidad y confiscó los bienes de 135 expresos políticos enviados a Guatemala la semana pasada tras una mediación de Estados Unidos, acusándolos de atentar contra la soberanía nacional. Con esta medida, 451 opositores nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad desde principios de 2023, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.
