Wilson Camacho explicó que el Ministerio Público aportó una cantidad cuantiosa de presupuestos, incluyendo algunos testigos, que pusieron al juez en condición de mantener las medidas de coerción
SANTO DOMINGO. La solicitud del Ministerio Público de que se mantengan las medidas de coerción a los imputados por corrupción administrativa en el Caso Coral, fue acogida este viernes por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que ratificó la prisión preventiva y domiciliaria a los implicados.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó el hecho de que una vez más se confirmen las medidas de coerción de los imputados del Caso Coral.
En ese sentido, destacó que el tribunal mantiene la prisión preventiva para la mayoría de los encartados, como fue impuesta, y arresto domiciliario en el caso de uno de los imputados.
“Esto debe ser así porque el Ministerio Público ha dicho desde el principio que en este caso tiene pruebas abrumadoras y fulminantes, y en el avance de la investigación de este proceso en el día de hoy lo hemos demostrado en el tribunal”, dijo el titular de la Pepca.
“Trajimos una cantidad cuantiosa de presupuestos que pusieron en condición al tribunal de mantener la medida de coerción, frente a las defensas, que no trajeron ningún presupuesto, y en esa condición no podía el tribunal decidir de otra manera que no sea manteniendo las medidas de coerción”, añadió.
Camacho se refirió al proceso al ofrecer respuestas a preguntas de los periodistas que lo abordaron a la salida del tribunal, luego que concluyera la revisión obligatoria de las medidas de coerción.
Sobre los nuevos presupuestos, dijo que el Ministerio Público aportó testigos que dan cuenta de cómo funcionaba el entramado criminal de personas que, a cambio de “migajas”, eran utilizadas para que sirvieran de medio para sustraer dinero del Estado.
“El Ministerio Público, por el secreto de la investigación, solo se puede referir a las pruebas que ha aportado en el tribunal en el día de hoy, que el tribunal ha entendido que son suficientes para mantener las medidas de coerción”, expresó.
Camacho adelantó que el Ministerio Público tiene otras muchas evidencias que ha ido recabando en el proceso de investigación de este caso y dijo que en su momento también las aportarán a los tribunales.
Al dar respuesta sobre un amparo de una persona que es parte del proceso, dijo que la acción se conoció en el día de hoy, aunque el Ministerio Público hasta el momento todavía no lo imputa.
Explicó que la jueza se reservó el fallo sobre ese recurso hasta el 26 de este mes, aunque los fiscales esperan, por las evidencias que aportaron en ese juicio de amparo, que sea desestimado.
“No hay razón en derecho para que ese amparo sea acogido”, expuso Camacho, quien representó al Ministerio Público junto a los fiscales Mirna Ortiz, Miguel Collado, María Melenciano, Jonathan Pérez, Enmanuel Ramírez y Mervin Romero.
La jueza de la instrucción Keila Pérez Santana ratificó la prisión preventiva al mayor general Adán Cáceres Silvestre y a Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa, y al coronel policial Rafael Núñez de Aza.
En el caso del sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, no se le revisó la medida en virtud de que está pendiente el conocimiento de un recurso de apelación en la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito, el próximo 15 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana.
En tanto que a Raúl Alejandro Girón Jiménez le fue confirmado el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público. Previamente, su defensa expresó que no apelaría la medida de coerción.
Los imputados con prisión preventiva por 18 meses desde mayo pasado la cumplen en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa avanzando con la investigación del caso, que fue declarado de tramitación compleja.
El grupo está involucrado en delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, dirigidas por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, llevan a cabo las investigaciones con un amplio equipo de fiscales.
El entramado criminal desmantelado con el Caso Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.
El Ministerio Público estableció en el transcurso del proceso judicial que Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
Además, determinó que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.
Desde que le fue impuesta la prisión preventiva, el grupo ha intentado obtener la libertad en diferentes instancias, sin que hayan podido lograr su objetivo, ya que tanto en las revisiones obligatorias en los juzgados de la instrucción como en la Corte de Apelación del Distrito Nacional la medida le ha sido ratificada.
