Lima. La Fiscalía de Perú anunció este jueves la apertura de una nueva investigación, la sexta, contra el presidente del país, Pedro Castillo, y el exministro de Vivienda por presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas.
“La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, y a Geiner Alvarado, en su condición de ministro de Vivienda, por presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal”, informó el Ministerio Público a través de un mensaje en Twitter.
De acuerdo con el ministerio público, “el objeto de la investigación está referido a las obras adjudicadas en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima”.
Relacionado con este caso fueron detenidos esta semana para averiguaciones Yenifer Paredes, cuñada del presidente, los hermanos empresarios Hugo y Anggi Espino y el alcalde de Anguía (Cajamarca), José Nenil Medina.
La fiscalía acusa a este grupo de formar una red de corrupción y lavado de activos dirigida por el presidente peruano.
La causa abierta incluye por primera vez a Alvarado, quien al momento de la adjudicación de las obras bajo sospecha, en octubre de 2021, se desempeñaba en la cartera de Vivienda. Hace dos semanas, Castillo lo cambió de sector y nombró ministro de Transportes.
La semana pasada un equipo especial de fiscales intervino las municipalidades de Anguía y Cajatambo para recabar información sobre obras públicas adjudicadas a los hermanos Espino, a quienes relacionan con la cuñada del presidente Castillo.
Paredes se entregó este miércoles después de que las autoridades allanaran el Palacio de Gobierno y la casa de Castillo en Cajamarca en su busca.
El mandatario peruano acumula otras cinco investigaciones de la fiscalía, de las cuales cuatro son por presunta organización criminal.
Castillo, que lleva un año en el cargo para el cual fue elegido hasta 2026, vive bajo el cerco fiscal por presunta corrupción y el pertinaz asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia.
El panorama evoca la suerte de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes sobrevivieron a una primera moción de destitución pero no a una segunda en 2018 y 2020 respectivamente, en medio de choques con el Congreso y denuncias de corrupción.
El Gobierno criticó en las últimas horas al Congreso y a la fiscalía por los allanamientos del Palacio de Gobierno y de la vivienda familiar de Castillo.
“Rechazamos las declaraciones e incitación de la violencia realizada por el presidente Pedro Castillo y el primer ministro Aníbal Torres, quienes constantemente vienen haciendo arengas en contra de la institución y el Estado de derecho”, declaró este jueves la presidenta del Congreso, Lady Camones.
“En situaciones como esta, en que por primera vez tenemos un presidente en ejercicio que tiene seis investigaciones, lo que se espera del Ejecutivo es una actitud de colaboración con la justicia sin hacer responsable de su propias decisiones a otras instituciones o poderes del Estado”, agregó la jefa del parlamento.
Castillo, un maestro rural y sindicalista, ha sobrevivido a dos intentos de destitución “por incapacidad moral” impulsados por un sector del Congreso descontento desde el inicio de su mandato.
El presidente ha capeado hasta ahora el temporal ayudado por la fragmentación del Congreso.
Otras investigaciones
La Fiscalía abrió desde octubre de 2021 cinco investigaciones contra Castillo, de las que solo una se refiere a un caso previo a su elección.
Las causas contemplan un presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por la estatal Petroperú en 2021 y la supuesta obstrucción a la justicia en la destitución de un ministro de Interior.
También un presunto tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares; supuesta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública, y por el plagio en su tesis universitaria. El presidente niega vehementemente todos los cargos.
“No tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción. Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi inocencia y honor”, escribió en Twitter el 17 de junio.
La fiscalía, que es autónoma e impulsa la megainvestigación del caso Odebrecht que salpicó a otros cuatro presidentes peruanos, considera que hay indicios de que Castillo encabeza “una organización criminal” que involucra a su entorno político y familiar.
No obstante, no puede llevarlo a tribunales pues tiene inmunidad hasta el fin de su mandato en 2026.
