El presidente de la República, Luis Abinader, informó este lunes que el avión confiscado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en suelo dominicano y que pertenece al Gobierno de Nicolás Maduro, no estaba registrado a nombre del estado venezolano, sino de un particular.
En La Semanal con la Prensa, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, aseguró que ni el gobierno dominicano, ni el Ministerio Público han participado en el proceso de investigación llevado a cabo por Estados Unidos, sino que solo se facilitó la cooperación internacional requerida al Estado.
Estados Unidos confiscó el avión oficial del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación que realizó en República Dominicana y con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre Venezuela, informó este lunes el Departamento de Justicia.
A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense confirmó la información filtrada previamente por CNN y anunció la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre.
La aeronave fue incautada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país y transferida a Florida (EE.UU.) por haber sido “comprada ilegalmente” por 13 millones de dólares “a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches”, denunció el fiscal general, Merrick B. Garland.
Según la investigación, a finales de 2022 y principios de 2023 personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida.
Luego, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023 y desde entonces ha volado “casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países”.
En agosto de 2019, el presidente estadounidense, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los ciudadanos de su país participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre del Gobierno de Venezuela.
Garland agregó que el Departamento continuará persiguiendo a quienes violen las sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses “para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
Con esta incautación se pretende enviar “un mensaje claro”, que las aeronaves adquiridas “ilegalmente” de los Estados Unidos para “el beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente desaparecer”, apuntó el subsecretario de control de exportaciones del Departamento de Comercio, Matthew S. Axelrod.
“No importa cuán lujoso sea el jet privado o cuán poderosos sean los funcionarios: trabajaremos incansablemente con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier aeronave contrabandeada ilegalmente fuera de los Estados Unidos”, agregó.
La Oficina de Campo de Miami de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio está investigando el caso, junto con el Grupo de Trabajo El Dorado de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional.
Durante años el Gobierno estadounidense ha confiscado docenas de vehículos de lujo, entre otros activos, que se dirigían a Venezuela, pero nunca un vehículo de tanta relevancia y simbolismo.
El pasado mes de abril, Estados Unidos revirtió parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, al acusar a Maduro de incumplir sus compromisos electorales con la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado.
Desde las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio, Estados Unidos ha sido muy crítico con el Gobierno de Maduro.
La semana pasada, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó que la continua negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela a defender los estándares internacionales y venezolanos de transparencia es una “violación inaceptable” de las leyes del país.
Su declaración, difundida tras haberse cumplido un mes de los comicios del 28 de julio en Venezuela, criticó igualmente el intento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “controlado por (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro, de silenciar las voces de los votantes ratificando el anuncio infundado del CNE de una victoria de Maduro”.
Como respuesta, el Gobierno de Venezuela aseguró que “no debe explicaciones” a Estados Unidos sobre la reelección de Nicolás Maduro.
A juicio del país caribeño, el Departamento de Estado de EE.UU. “insiste en su despreciable posición de meterse en asuntos que no son de su incumbencia”, apuntó el canciller venezolano, Yván Gil.
