El gobierno boliviano, por medio del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, expresó este domingo que se acatará cualquier requerimiento de la justicia argentina respecto al ex presidente Evo Morales, quien se enfrenta a nuevas acusaciones de trata y abuso de menores. Según del Castillo, cualquier alerta migratoria que llegue desde Argentina será gestionada por la Dirección General de Migración y las autoridades correspondientes en cumplimiento de la ley.
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, confirmó el sábado la apertura de una investigación penal en Argentina tras la denuncia del empresario y ex ministro boliviano Branko Marinkovic.
En redes sociales, Bullrich detalló que la denuncia involucra presuntos delitos de trata de personas y abuso sexual cometidos por Morales durante su estancia en Argentina, donde recibió asilo político tras la crisis en Bolivia en 2019.
En Bolivia, el Ministerio Público ya había iniciado una investigación preliminar el 26 de septiembre en la región de Tarija. La fiscal Sandra Gutiérrez, encargada del caso, afirmó que se cuentan con pruebas materiales que podrían justificar una orden de aprehensión, aunque esta aún no se ha ejecutado.
Además, se sumaron siete denuncias adicionales desde Cochabamba por presuntos abusos a menores, que también serán analizadas por la Fiscalía.Las acusaciones no solo se limitan al suelo boliviano. La denuncia en Argentina fue impulsada por la Fundación Apolo, liderada por el activista liberal Yamil Santoro.
La organización afirma que Morales convivió con menores durante su asilo en Argentina, otorgado por el gobierno de Alberto Fernández tras la crisis política de 2019, calificada por el Movimiento al Socialismo (MAS) como un «golpe de Estado».
Morales habría recibido además un trato especial y apoyo económico estatal, incluyendo el uso del avión presidencial para su traslado a Buenos Aires, privilegios que el actual presidente argentino, Javier Milei, revocó recientemente.
El contexto de estas investigaciones es especialmente tenso, ya que desde hace más de tres semanas los seguidores de Morales mantienen bloqueadas carreteras en Bolivia, exigiendo que se frenen los procesos judiciales en su contra.
Los simpatizantes del MAS argumentan que las denuncias forman parte de una persecución política contra Morales, mientras las autoridades argentinas y bolivianas avanzan en sus respectivas investigaciones.
Este caso representa una nueva crisis en la relación entre ambos países, y plantea serias repercusiones en el ámbito político y social, tanto en Bolivia como en Argentina.
Fuente: Infobae
