El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 21 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, en respuesta a la represión violenta, las detenciones arbitrarias y el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Estas medidas, implementadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, buscan responsabilizar a los implicados en actos que han socavado la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Entre los sancionados se encuentran altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Milicia Bolivariana. Las sanciones bloquean cualquier propiedad o interés en bienes de estas personas en Estados Unidos y prohíben transacciones con entidades estadounidenses.
El Departamento de Estado también ha anunciado restricciones de visado para funcionarios involucrados en el fraude electoral y la represión, fortaleciendo la presión internacional contra el régimen chavista.
Las elecciones del 28 de julio fueron ampliamente denunciadas como fraudulentas por observadores internacionales y más de 50 gobiernos, que reconocen al líder opositor Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador. Pese a esto, Nicolás Maduro, apoyado por un Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo, se declaró vencedor, lo que ha intensificado la crisis política en Venezuela.
Desde entonces, el régimen ha recurrido a tácticas represivas, incluyendo arrestos arbitrarios, persecuciones políticas y violencia contra manifestantes pacíficos, obligando a González Urrutia a exiliarse.
“El pueblo venezolano ha demostrado un compromiso inquebrantable con la democracia, enfrentando censura, represión y violaciones de derechos humanos. Estas sanciones envían un mensaje claro de que Estados Unidos no tolerará la continua subversión de las normas democráticas por parte del régimen de Maduro”, afirmó un alto funcionario de la administración de Joe Biden.
La comunidad internacional ha reforzado su presión sobre Maduro en busca de una transición democrática. Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el G7 han condenado las acciones del régimen, mientras países como Colombia y Brasil, pese a sus posturas históricamente cercanas al chavismo, han demandado el cese de la represión y la restauración de la democracia.
De cara al 10 de enero, fecha en la que Edmundo González Urrutia planea regresar a Venezuela para asumir el cargo de presidente, la incertidumbre sobre la posibilidad de una transición pacífica persiste. Estados Unidos ha declarado que evaluará cualquier solicitud de apoyo logístico por parte del presidente electo, mientras refuerza su compromiso de promover un cambio significativo en Venezuela mediante estas sanciones y otras medidas diplomáticas.
Fuente: Infobae
