La Audiencia Nacional ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños y perjuicios derivados del atentado en la embajada de España en Kabul, el 11 de diciembre de 2015, y condenó a la Administración a indemnizar a las viudas e hijos de los dos policías nacionales asesinados, así como a otros cuatro agentes víctimas de la acción terrorista.
Asimismo, el Tribunal de la Sección Séptima de la Sala de lo Contecioso-Administrativo ordena indemnizar a las viudas e hijos de los dos agentes fallecidos en cantidades cercanas a los 200,000 euros para cada familia, a las que habría que añadir los otros cuatro policías con sumas que van desde los 128,000 hasta los 190,000 euros, en contra del criterio de la Abogacía del Estado.
El año pasado, el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional reabrió la vía penal para investigar este atentado ante los nuevos indicios sobre su autoría, que apuntan a dos ministros del gobierno talibán y a un alto cargo de su servicio de inteligencia.
Para acordar las indemnizaciones, los magistrados han tenido en cuenta los perjuicios patrimoniales y secuelas psíquicas padecidas por estas víctimas.
La Abogacía del Estado pidió que se desestimara la demanda y consideró excesivas las cantidades reclamadas, en especial la solicitada por el concepto de daños morales.
La Administración se opuso a la demanda de responsabilidad patrimonial por entender que el atentado terrorista fue un suceso inevitable y estimó que no se había producido una actuación u omisión por parte del Ministerio de Defensa o el de Exteriores que lo hubiera propiciado.
Fuente: EFE
