En Punta Cana conviven dos realidades que rara vez se cruzan. Por un lado, el dinamismo económico que la proyecta como marca país y motor turístico nacional. Por otro, una vida comunitaria fragmentada, marcada por la apatía de muchos residentes (dominicanos y extranjeros) frente a los asuntos de interés común.

Este destino, levantado con el empuje de la inversión privada y el trabajo de miles de inmigrantes internos, se ha convertido en un mosaico sociocultural. Aquí viven personas de todas las provincias y de múltiples países.

Sin embargo, esa diversidad, que debería traducirse en riqueza cívica, muchas veces deriva en desconexión. Se habita el territorio, pero no siempre se asume pertenencia.

La situación es más evidente en los residenciales cerrados. Decenas de complejos de lujo operan como pequeñas islas, con seguridad privada, servicios propios y una rutina que transcurre puertas adentro.

Quienes viven allí, rara vez participan en juntas de vecinos, debates públicos o espacios de discusión sobre problemas tan concretos como el caos del tránsito, calidad del agua o el ordenamiento urbano.

Es decir, para los residentes de esas “burbujas” la ciudad real parece comenzar después del portón eléctrico.

En temporada electoral la apatía se hace más notoria. Aun teniendo cédula dominicana, casi nadie sale a votar. No se involucran en campañas, no asisten a encuentros con candidatos ni proponen nada.

Esa ausencia tiene consecuencias. Las decisiones quedan en manos de una minoría activa, mientras una mayoría silenciosa observa desde la comodidad de su entorno privado.

Y el resultado es, entonces, una ciudad que crece sin cohesión social. Si Punta Cana aspira a consolidarse como un municipio fuerte y sostenible, necesita ciudadanos comprometidos con su desarrollo.

La prosperidad aislada no es sinónimo de bienestar colectivo. La verdadera fortaleza de una ciudad está en su gente, cuando decide involucrarse.