La formación adecuada de los recursos humanos es una de las mayores exigencias de la gerencia moderna, sin importar el ámbito organizacional. Y esto contrasta con las políticas empresariales que priorizaban los procesos de producción y productividad por encima del personal capacitado para materializar esos fines.
En el mundo de la seguridad este planteamiento cobra hoy más que nunca singular importancia. Y se parte de la premisa de que los recursos humanos garantes de ese bien público han de estar suficientemente entrenados para llevar a cabo las responsabilidades asignadas.
¿Pero acaso es posible esto sin que las mismas autoridades o mandos superiores conozcan el marco teórico-conceptual vinculado a un área tan fundamental para el desarrollo de un Estado? Por supuesto que no.
No se trata sólo de manejar correctamente estos términos en el discurso de los gestores de la seguridad, sino de llevarlo al terrenos eminentemente práctico, como garantía de eficiencia y efectividad en el cumplimiento de los objetivos delineados para cada campo.
De esta forma, el Ministerio de Defensa bajo las directrices del poder político concebido puede ejecutar estrategias de defensa y seguridad sin interferir en asuntos reservados para la seguridad pública o ciudadana. Esto último podría verse contrapuesto a lo que en República Dominicana establece el texto constitucional respecto a las atribuciones del presidente.
La Carta Magna da potestad al primer mandatario para que utilice las fuerzas de seguridad de que disponga el Estado dominicano, siempre que las circunstancias así lo justifiquen. Y esas circunstancias, obviamente, estarán determinadas por el nivel de amenaza a la seguridad nacional, a la paz pública o al desenvolvimiento normal de las actividades productivas de la nación.
Una realidad que goza de amplio consenso mundial es que el fin de la Guerra Fría abrió las puertas a nuevas amenazas a la seguridad nacional, por lo que la misión, visión y objetivos de las Fuerzas Armadas fueron lógicamente objeto de importantes transformaciones.
Por esta razón, esa institución tiene roles que van más allá de defender la independencia, soberanía, integridad territorial, Constitución, leyes e instituciones de la República, que son tareas esenciales de la seguridad y defensa nacional.
Las amenazas de hoy conminan a las fuerzas castrenses a involucrarse en situaciones tan puntuales como el mantenimiento del orden público “en auxilio de la Policía Nacional”, como dispone el artículo 5 de su ley orgánica.
Las distorsiones en la obligación común de proteger y preservar los intereses nacionales, brotan, pues, cuando los actores de la seguridad en sus diferentes dimensiones son incapaces de manejarse conforme estos parámetros.
De ahí el valor capital de saber cómo funcionan las diversas esferas de la seguridad y sus alcances, porque de ello dependen básicamente sus resultados.
