El 16 de agosto Luis Abinader tomará posesión como próximo presidente de República Dominicana junto a su equipo de trabajo. En su haber liderará un país con una alta tasa de desempleo, una crisis sanitaria y económica agravada por los efectos de la pandemia COVID-19.
Además, Luis Abinader tendrá que llevar sobre sus hombros múltiples casos de corrupción que se han quedado inconclusos durante el actual Gobierno de Danilo Medina y que aparentemente no se terminaran de resolverán durante su mandato al que solo le queda días.
El nuevo presidente electo tendrá en sus manos los elementos que convertirán su gobierno en uno de los mejores valorados de los últimos tiempos o en un estrepitoso desastre. A continuación, los casos que aún siguen con investigaciones abiertas.
CASO YUNIOL
Se considera como uno de los grandes casos de corrupción de los últimos años, orquestado en la Oficina Metropolitana de servicios de Autobuses (OMSA) y por el cual guarda prisión el ex director, Manuel Rivas y el ex director financiero Faustino Rosario, luego del asesinato del abogado y profesor Yuniol Ramírez, quien supuestamente habría amenazado con sacar a la luz los casos de corrupción que ocurrían a lo interno de esa institución. Hoy día no se ha sabido más nada sobre esos supuestos casos de corrupción, solo que un dominicano perdió la vida por intentar “sacarlos a la luz”.
CASO ODEBRECHT
Es el caso de corrupción más fuerte y mediático de América Latina, incluyendo República Dominicana. Odebrecht es un caso de corrupción sistemática de alcance multinacional que ha salpicado a diez países de la región, a varios expresidentes y altos funcionarios señalados de haber aceptado sobornos cuantiosos a través de la compañía brasileña.
La República Dominicana es el país con el tercer soborno más grande, US$92 millones de dólares que, según las declaraciones de la misma empresa, fueron entregados a políticos dominicanos a lo largo de 20 años. Esas declaraciones salieron a la luz en el 2016 y todavía hoy no hay un desenlace.
El 29 de mayo de 2017, el Ministerio Público sometió a 14 personas, siendo este un grupo de políticos y empresarios. Entre ellos, Alfredo Pacheco, Ángel Rondón, Juan Temístocles Montás, Bernardo Castellanos, César Sánchez Torres, Conrado Pittaluga, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Julio César Valentín, Máximo D’Oleo Ramírez, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González, Tommy Galán y Víctor Díaz Rúa. Hoy día el caso sigue abierto y entre ellos solo están bajo investigación Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, el senador Tommy Galán, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez y Andrés Bautista.
Desde julio del 2019, los avances sobre el caso no se han hecho público.
CASO OISOE
Una bala y una pistola fueron las herramientas utilizadas por el arquitecto David Rodríguez García el 25 de septiembre de 2015 para quitarse la vida. Un suicidio que sirvió como canal para destapar una de las más grandes redes de corrupción en el país, orquestada en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Se quitó la vida por la presión de acreedores por el cobro de deudas millonarias, debido a supuestas inversiones realizadas en la compra de materiales para la remodelación de la escuela Francisco del Rosario Sánchez, en Monte Plata, obra sorteada a través del Programa de Construcción de Edificaciones Escolares emprendido por el Gobierno, no dejaban respiro al arquitecto David Rodríguez García con los pagos.
Según una nota dejada por Rodríguez García en el lugar de los hechos minutos antes de su suicidó, plasmaba lo siguiente “Me dejé llevar de promesas por parte de Joel Soriano y Alejandro de los Santos, incurriendo en deudas que me son imposible de pagar, pues ellos se han ido quedando con todo”. Ambos personajes, Joel Soriano y Alejandro de los Santos, hoy día cumplen una condena de menos de 10 años. No obstante, el Ministerio Público sigue sin darle seguimiento a toda una red de extorción creada por las, en ese entonces autoridades de la Oisoe.
TRES BRAZOS
El 29 de septiembre del 2019, el Ministerio Público depositó la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional la acusación formal contra el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y otros 16 implicados en la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, el cual es uno de los sectores más populares de Santo Domingo.
Según el Ministerio Público, la venta de esos terrenos se hizo a “precio de vaca muerta” por parte de la CORDE y tenían en su haber más de 600 pruebas que validaban este hecho. En ese sentido se vendieron más de 900 mil metros en plena capital dominicana, sin tasación y a una empresa que ni siquiera tenía solvencia económica para costear las compras.
El objetivo que tenía la empresa Fernández Paraché y Asociados (Infepa) con la compra de esos terrenos era realizar una reventa a las mismas personas que tenían más de 20 años residiendo en los Tres Brazos. Los terrenos se compraron por 80 millones de pesos para luego revenderlos en 200 millones y posteriormente venderlos en sumas que podrían pasar los mil millones de pesos. Hoy día nadie está preso y el caso ha sido aplazado en reiteradas ocasiones.
LOS SUPER TUCANOS
El 24 de septiembre del 2014, le diario The Wall Street Journal reveló que en documentos revisados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los fiscales encontraron pruebas de que ejecutivos de una empresa brasileña entregaron un soborno de 3.5 millones de dólares al coronel Carlos Piccini, quien fungió como director de Proyectos de las Fuerzas Armadas en 2008.
De acuerdo con los investigadores, el pago iba dirigido, supuestamente, a Luis René Canaán Rojas, senador de la provincia Hermanas Mirabal y se habría hecho a través de una empresa fantasma en Uruguay.
Lo más importante en el asunto no es el soborno al funcionario público, sino que gracias al mismo, Embraer vendió a República Dominicana ocho aviones Súper Tucanos a un precio sobreevaluado, el cual ascendió a los US$93 millones.
Lo último que se supo sobre el caso es que, en julio del 2018, Embraer llegó a un acuerdo con el Ministerio Público en donde se declaraba culpable y pagó el duplo del monto pagado en soborno, sin embargo, a la fecha el proceso lleva casi 3 años en estado preliminar y Piccini, el único funcionario público que estaba preso por el caso fue puesto en libertad el pasado mes de agosto, debido a que cumplió la medida de coerción de 36 meses.
INAIPI
A inicios de año, la pandemia del covid-19 empezó azotar a República Dominicana y las “ayudas” al pueblo por parte del Gobierno empezaron a ejecutarse a través de distintas instituciones públicas. Pero el 14 de abril, sin aún haberse cumplido los 30 días de declararse el Estado de Emergencia y esas “ayudas” por parte del Gobierno, la Procuraduría General de la República anunció la apertura de una investigación por las irregularidades detectadas en la compra de 40,000 kits de alimentos por parte del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) en medio de la crisis por el coronavirus.
Las irregularidades salieron a la luz gracias a una denuncia de un suplidor del Estado, el empresario Pablo Cabrera, quien había denunciado una supuesta corrupción en un proceso de licitación del Inaipi. Unos pocos días después, el Poder Ejecutivo destituyó a siete funcionarios del Inaipi, luego de determinarse que se cometieron irregularidades durante la compra de alimentos en esa dependencia y la que era hasta entonces la directora la institución, Berlinesa Franco, renunció al cargo. Hoy día el caso sigue abierto y bajo investigación, y no se han dado más detalles sobre el mismo.
