Sin ser aún posesionado en su cargo, ya el presidente electo, Luís Abinader, comienza a recibir exigencias vinculadas a lo que será su quehacer como jefe de Estado.
Hay quienes, incluso, le demandan cumplimiento en áreas donde un presidente no tiene facultad constitucional para propiciar los resultados que la sociedad espera, como retomar los casos de corrupción que en su rol opositor Luís Abinader incorporó a su discurso de campaña contra el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Poner tras las rejas a un servidor público imputado o señalado como responsable de actos ilícitos en el cumplimiento de sus funciones, no depende de la sola voluntad de un primer mandatario, sino de la composición adecuada y transparente de los órganos de administración de justicia.
Uno de los grandes retos que tiene por delante el Estado dominicano, es cambiar el criterio de selección de la institución facultada por la Carta Magna para perseguir crímenes y delitos, que es el Ministerio Público. El jefe del Ministerio Público es el procurador general de la República, un empleado nombrado por el Poder Ejecutivo, y por tanto bajo las órdenes directas del presidente.
Esto constituye, pues, uno de los grandes estorbos de la lucha contra la impunidad y la corrupción administrativa. En la Cumbre por la Unidad y Recuperación, celebrada el domingo 7 de junio de este año, Abinader prometió que en un gobierno suyo el procurador general será escogido de manera independiente. De concretarse esta iniciativa, de seguro recibirá el visto bueno de una población sedienta de justicia.
