Puerto Príncipe. Ha pasado un año desde que el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en su residencia privada, donde se suponía que un equipo de seguridad de élite le protegía. No sólo las autoridades no han identificado y detenido a todos los los que idearon y financiaron el asesinato, sino que el país está en caída libre, con la violencia disparada y la economía en ruinas.
Muchos han huido en el último año, en peligrosas travesías en embarcaciones endebles con cientos de personas hacinadas que han ido llegando a las costas de países cercanos. Prefieren enfrentarse al riesgo de morir en el mar a pasar hambre y temer por sus vidas en casa, como hacen muchos de los que se quedaron atrás.
Un gobierno sobrepasado intenta perseguir a las pandillas y reducir el pico de secuestros asociado a estos grupos delictivos. Al mismo tiempo, los intentos de formar un gobierno de coalición se han atascado en las últimas semanas y el plan para celebrar elecciones generales está paralizado, lo que hace que muchos se pregunten hacia dónde se dirige Haití.
El primer ministro, Ariel Henry, ha prometido crear un nuevo consejo electoral, que se encarga de organizar las elecciones regionales, pero aún no ha ocurrido. No hay parlamento porque el gobierno no organizó los comicios en 2019, y Moïse destituyó a la mayoría de los legisladores a principios de 2020 y gobernó por decreto más de un año antes de ser asesinado.
Entre tanto, la esperanza de que se juzgue a los detenidos por el magnicidio ha chocado con la renuncia de cuatro jueces nombrados para supervisar la investigación. Algunos dijeron que temían por su vida.
El propio primer ministro ha reconocido la incertidumbre que rodea al caso. “Tengo la desagradable sensación de que los que concibieron y financiaron este macabro plan siguen dirigiendo las calles y siguen escapando de nuestro sistema judicial”, tuiteó el mes pasado.
Más de 40 personas han sido detenidas, incluidos policías de alto rango y un grupo de exsoldados colombianos. Al menos dos de los tres sospechosos detenidos fuera de Haití fueron extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos como conspiración para cometer un asesinato o secuestro fuera de Estados unidos.
Muchos de los familiares de los soldados en Colombia reclaman un proceso judicial adecuado y una mejora de las penosas condiciones en prisión.
“Muchas veces no hay comida, no hay agua potable”, dijo a The Associated Press Nataly Andrade, esposa del coronel retirado Giovanny Guerrero. Ella le visitó en prisión en mayo y quedó alarmada por todo el peso que ha perdido. En las últimas semanas, al menos ocho reclusos en el sur de Haití, no relacionados con el caso de Moïse, han muerto por malnutrición y golpe de calor.
La viuda de Moïse, Martine, sigue pidiendo justicia. Este mes publicó un comunicado en el que anunciaba que no asistiría a ninguno de los actos de conmemoración organizados el jueves por el estado haitiano, “cuyo jefe de gobierno es objeto de graves sospechas de (implicación) en el asesinato del presidente de la república”.
Henry ha rechazado esas acusaciones y el año pasado destituyó a un fiscal jefe que pidió al juez que procesara al primer ministro por el asesinato y le prohibiera abandonar el país. El fiscal señaló que Henry había hablado dos veces con un sospechoso clave horas antes del asesinato.
La oficina de Henry ha dicho que el primer ministro no puede identificar a todas las personas que le llamaron ese día ni determinar la naturaleza de las conversaciones, dado que no pudo responder a todas las llamadas. El sospechoso sigue prófugo.
Henry instó a los haitianos a centrarse en levantar el país.
“Es imperativo que los haitianos trabajen juntos para reconciliar segmentos de nuestra sociedad que están demasiado divididos”, dijo. “Esto es imprescindible si queremos restaurar la seguridad, lidiar con las pandillas armadas y sus patrocinadores, crear un clima favorable a la celebración de elecciones con una alta participación, para reconstruir nuestras instituciones democráticas”.
Pero cada vez más haitianos culpan a Henry por la creciente inseguridad.
Cada día se reportan casi siete secuestros, según Naciones Unidas, y sólo en mayo se reportaron más de 200 asesinatos y 198 secuestros, en un país de más de 11 millones de personas. Entre esos secuestros estaban los pasajes de dos autobuses infantiles y tres empleados de Naciones Unidas y sus colaboradores. Además, una pandilla tomó hace poco parte de la Corte haitiana de Primera Instancia, y además de saquear el recinto quemó archivos y pruebas de casos.
La falta de acceso también supone que no llega ayuda suficiente a los afectados por un sismo de magnitud 7,2 que golpeó el sur del país hace casi un año. El terremoto mató a más de 2.200 personas y destruyó o dañó cientos de miles de viviendas y otros edificios.
Miles de personas han huido de Haití. La salida más grande reciente fue en mayo, cuando 842 haitianos se quedaron varados en la costa de Cuba después de que su capitán abandonara el barco. Cientos de emigrantes han llegado a Florida, mientras que docenas han muerto en el mar en los últimos meses.
