Durante un análisis presentado en el Seminario Internacional Seguridad, Ciudadanía y Convivencia Post COVID en América Latina se reveló que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Honduras alcanzó 38,6, en Colombia 26,8, en México 26 y en República Dominicana 10,3, siendo este uno de los más bajos de la región.
Conforme a las estadísticas de 2021 presentadas, otros lugares con tasas alarmantes son Jamaica 49,4, Venezuela 40,9, Trinidad y Tobago 32, Belice 29, Puerto Rico 19,3, Brasil 18,5, El Salvador 17,6, Guatemala 16,6, Guyana 15,2, Ecuador 14, y Haití 13,7.
Además, Panamá 12,8, Costa Rica 11,5, Uruguay 8,5, Paraguay 7,4, Nicaragua 5,7, Perú 4,3 y Chile 3,6, siendo este último el que registra mayor control de los crímenes violentos.
“Hay varias teorías para explicar los cambios que experimentó la criminalidad en Latinoamérica durante la pandemia del COVID 19. Una de ellas es la teoría de la frustración, debido a las consecuencias sociales que pudieron activar acciones negativas: el desempleo, la situación económica, la desigualdad y la dificultad para relacionarse socialmente, activaron reacciones negativas y violentas”, expuso el chileno Hugo Frünling Ehrlich, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Harvard y profesor titular de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
También salió a relucir el tema de la convivencia, cuando la exsecretaria de Interior de la Alcaldía del municipio colombiano de Bucaramanga, Melissa Franco, habló de la experiencia en su país de que por el trabajo de la comunidad se logró superar algunos indicadores como son: violencia intrafamiliar y el homicidio.
Resaltó que con el tema seguridad, Colombia tiene el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para regular el comportamiento contrario a la buena armonía social, donde todos los ciudadanos tienen derechos, pero sin transgredirlos. Este instrumento también otorga a los alcaldes autoridad administrativa en la Policía, lo que les permite decretos y actos oficiales para trabajar en beneficio de la protección ciudadana.
Caso República Dominicana
De su lado, el sociólogo dominicano Cándido Mercedes, dijo que la nación se encuentra en un lugar privilegiado, porque si la tasa de homicidios está en 10,3, eso quiere decir que el promedio de la región está ciento por ciento por encima de la República Dominicana.
Vio con preocupación el hecho de que muchos líderes políticos hoy quieren sacar provecho y poner como punta de lanza el tema de la seguridad ciudadana, sin embargo, cuando les tocó gobernar no hicieron lo que tenían que hacer.
Recordó que en el 2005 se hizo el Plan de Seguridad Democrática, y en ese año la tasa de homicidios fue de 2, 443. En el 2006, bajó a 2,100. En el 2007 volvió a aumentar y la tasa de homicidio llegó a 2,500 y 2,600.
“Y qué pasó, el presidente de turno, Leonel Fernández, abandonó la política, el Plan de Seguridad Democrática, lo abandonó totalmente”, dijo.
Criticó que sea el expresidente Fernández quien esté ofreciendo a la sociedad dominicana su gente para ayudar ante la ola de violencia, porque en su momento, cuando tuvo la oportunidad, evadió la responsabilidad.
En cambio, resaltó el hecho de que hasta ahora el actual presidente, Luis Abinader, ha demostrado voluntad política. “Si no hay voluntad política, puede haber presupuesto, pero solo funciona si existe la voluntad política”.
Finalmente, advirtió que sin la sociedad civil no hay posibilidad de éxito de política pública de seguridad alguna, porque entiende que la sociedad civil es la generadora de confianza.
