Santo Domingo. Fue aplazada para el próximo jueves 25 de noviembre la audiencia en la que se conocerá medidas de coerción contra los implicados en la Operación Coral 5G, por la que tres generales, incluyendo el último jefe de seguridad del expresidente de la República Danilo Medina, están detenidos.
El aplazamiento se produjo por el cúmulo de documentos depositados por el Ministerio Público en contra de los generales activos Juan Carlos Torres Robiou, Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, además de otras 10 personas, por supuestamente establecer un entramado corrupto-militar en el Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (CESTUR) y el Cuerpo Especializado en Seguridad Presidencial (CUSEP).
El órgano persecutor de la corrupción depositó a tales fines más de 700 “pruebas” que presuntamente vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G.
La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ERD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
El auto de solicitud cuenta con más de 600 páginas, incluyendo documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
En la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción también representan al Ministerio Público Mirna Ortiz, coordinadora litigación de la Pepca; Miguel Collado, María Melenciano, Jonathan Pérez, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos Féliz y Melvin Romero.
El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
