Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha ordenado repetir las elecciones regionales en el estado de Barinas, donde nació Hugo Chávez, ex presidente de ese país y lider de la Revolución Bolivariana. En esa demarcación, un político opositor adelantaba durante el recuento a Argenis Chávez, hermano del ex mandatario, por unos 1,500 votos.
Un amparo constitucional suspendió el proceso, que ahora deberá celebrarse de nuevo el nueve de enero. Con esta medida, el chavismo pone en duda el compromiso de respetar los resultados de las elecciones regionales y no interferir en el voto popular.
La misión de la Unión Europea, que observó las elecciones, certificó que había mejoras respecto a las anteriores, pero aseguró que todavía arrastraba grandes carencias. El sistema judicial, concluyó la observación, no es independiente.
Y esa es la vía que ha utilizado el chavismo para frenar la derrota. Freddy Superlano aventajaba al gobernador en funciones, Argenis Chávez cuando solo faltaban contar tres actas. La oposición triunfó en ocho de las 12 alcaldías pertenecientes al estado Barinas, por lo que este resultado tenía lógica. De repente, se paralizó el conteo. La demora sobre los resultados en este estado, ubicado en los llanos venezolanos, se tomó toda la semana, cuando ya se habían despejado los resultados en el resto del país, y, como ya ha ocurrido antes, comenzó a producir irritación y nerviosismo en círculos políticos e informativos.
La victoria del opositor Superlano sobre el oficialista Argenis Chávez parecía ya noticia confirmada en la mañana de este lunes. El propio Chávez ha guardado en estos días silencio y suspendió su programa de radio semanal, mientras sus rivales festejaban en las calles. En Barinas se afirmaba que, aunque había resistencias en las Fuerzas Armadas a reconocer el triunfo de Superlano, sectores del chavismo en Caracas, y el propio Argenis, parecían resignados y dispuestos que entregar uno de sus bastiones simbólicos más preciados.
El Supremo venezolano decidió admitir el amparo constitucional interpuesto por Adolfo Superlano —un dirigente opositor disidente, acusado de actos de corrupción, que no tiene parentescos sanguíneos con el candidato—en el cual se argumenta que el dirigente político proscrito tenía averiguaciones por causas administrativas y penales y había sido políticamente inhabilitado por la Contraloría General de la República.
