EFE
Tegucigalpa. Tras una investidura llena de expectativas y la presencia de destacadas personalidades extranjeras, Xiomara Castro inició este viernes la Presidencia de Honduras con una complicada agenda política, económica y social, a cuya solución no contribuye la fragilidad legislativa provocada por la rebelión de casi una veintena de parlamentarios.
En lo social, empleados públicos de la salud “saludaron” hoy a la nueva presidenta paralizando la jornada de vacunación contra la covid-19 a nivel nacional, reclamando, desde el gobierno pasado que presidió Juan Orlando Hernández, que se les contrate de forma permanente, como les prometieron, y otros derechos sociales.
“Hemos suspendido la vacunación porque no nos han cumplido el ofrecimiento de un nombramiento, ni nos quieren reconocer nuestros derechos”, dijo a Efe una enfermera de un centro de salud a 600 metros de la Casa Presidencial en Tegucigalpa.
Agregó que “el paro es en todos los puestos de vacunación a nivel nacional” y que esperan que “el nuevo gobierno nos resuelva pronto, aunque venga comenzando”.
“También está paralizada la vacunación pediátrica”, de niños en edad de cinco a once años, que recién comenzó, señaló la misma fuente.
El nuevo ministro de Salud, José Manuel Matheu, le hizo un llamamiento a los empleados que paralizaron sus labores a que regresen a sus puestos y que con él no conseguirán nada con protestas, además de invitarles a un diálogo porque “hablando se entiende la gente”.
Añadió que el problema que enfrentan lo heredó el pasado Gobierno y que deben entender que “”apenas nos venimos sentando a trabajar”.
En otro punto de la capital hondureña, también cerca de la Casa Presidencial, empleados de la Secretaría de Derechos Humanos protestaron frente a la institución y colgaron banderas del país exigiendo que se les cumpla con la promesa del acuerdo de nombramiento que les hizo la pasada administración.
Uno de los empleados dijo a los periodistas que tampoco les han pagado el salario de diciembre pasado.
SIN ACUERDO ENTRE DOS DIRECTIVAS EN EL PARLAMENTO
La presidenta Castro asumió el poder el jueves arropada por miles de sus compatriotas y el apoyo internacional, pero en lo interno enfrenta la crisis surgida en el Parlamento a una semana de su investidura, por un conflicto entre los 50 diputados del ahora gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).
Alrededor de una veintena de diputados de Libre, a quienes desde su partido les acusan de “traidores”, votaron, con el apoyo de 44 del conservador y saliente Partido Nacional, a favor de Jorge Cálix, como nuevo presidente del Parlamento
La polémica surgió porque la otra junta directiva paralela escogió como presidente a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH), él único que reconoce la presidenta Xiomara Castro.
Redondo fue propuesto como candidato para presidir el Parlamento, como parte de una alianza de hecho, suscrita en octubre de 2021, entre Libre, la presidenta Castro y el titular del PSH, Salvador Nasralla, para sacar del poder al Partido Nacional.
El 23 de enero los dos frentes de Libre confrontados ratificaron a cada una de sus juntas directivas, agudizando la crisis, aunque Cálix dice que la única directiva que existe es la que preside él.
Lo mismo dice Luis Redondo, quien el jueves, con los otros directivos del legislativo que encabeza, se hizo presente al Estadio Nacional, de Tegucigalpa, donde Xiomara Castro tomó posesión.
La sesión del Parlamento -el encabezado por Redondo- se trasladó al Estadio Nacional creyendo que él le tomaría el juramento a la nueva presidenta del país, lo que no ocurrió.
Castro, ante la crisis, juró ante la jueza civil Karla Romero, quien hoy dijo que, cuando se celebraba ese acto, varias voces, de personas que estaban atrás, que no identificó, le insistían en que dijera que Redondo era el presidente del Parlamento.
Ante tanta insistencia, según el relató de Romero a periodistas, respondió que “no”, porque había “una prohibición constitucional”.
La presidenta Castro intentó hasta el pasado miércoles convencer a Cálix para que buscaran una solución al problema, incluso le ofreció un alto cargo en su gobierno, pero no tuvo respuesta.
Cálix reiteró hoy que sigue abierto al diálogo para buscar una salida a la crisis, mientras que un abogado presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la junta directiva que preside el diputado disidente de Libre.
La crisis en el Parlamento ha empañado la investidura de Xiomara Castro, quien el jueves asumió las riendas de un país con un 70 % de su población viviendo en la pobreza, más de un millón de desempleados, deficientes sistemas de salud y educación, altos índices de criminalidad, corrupción, narcotráfico e impunidad, y una deuda externa e interna de 15.000 millones de dólares, según fuentes oficiales.
