Santo Domingo. El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional extendió por dos meses el plazo para la presentación de la acusación formal del Ministerio Público contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre y los demás imputados por actos de corrupción administrativa del Caso Coral.
El procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que el Ministerio Público en este proceso solicitó una prórroga y depositó en el tribunal todos los elementos necesarios para justificar su petición, así como para el mantenimiento de la medida de coerción.
Camacho indicó que lo contrario ocurrió con las defensas. “Quienes no han presentado, y así lo reconoció el tribunal en la audiencia, elementos como para que se variara la medida de coerción, y no había razón para ello. En consecuencia, el tribunal ha entendido que el Ministerio Público debe contar con el plazo razonable para desarrollar las investigaciones en estos procesos por la complejidad de los mismos y así le ha otorgado un plazo adicional al Ministerio Público”.
Agregó que “hay una cuestión en estos procesos y es que la calidad necesita tiempo”. “Y nosotros, una vez más con este plazo que se nos ha otorgado, demostraremos cómo presentaremos un acto conclusivo con la profundidad necesaria, y sobre todos los involucrados en este proceso, que es lo que hemos demostrado que hacemos con el plazo que se nos otorga”, añadió.
El titular de la Pepca explicó que la norma establece que una vez se otorga la prórroga, el Ministerio Público debe justificar la necesidad de la prolongación de la prisión preventiva, como sucedió en la audiencia de este martes.
“Demostramos ante el tribunal que los hechos, la gravedad de los hechos, el daño que debe ser resarcido con la cantidad de dinero enorme que se sustrajo del erario, depredando el erario, y que estas razones eran suficientes, además de la afectación de la investigación por la posibilidad de destruir pruebas, para que se mantuvieran las medidas de coerción y el juez así lo ha entendido y ha mantenido las medidas de coerción”, precisó.
Dijo que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, otorgó dos meses de prórroga a partir de la notificación de la decisión el 16 de febrero.
Wilson Camacho habló con la prensa a la salida del tribunal.
El juez Mejía fijó para el próximo 16 de abril la presentación de la acusación tras rechazar un recurso de oposición a la extensión del plazo presentado por una de las defensas, así como otros incidentes de los abogados de los encartados.
En mayo del pasado año el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a los tribunales a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En tanto que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa profundizando la investigación del caso, que fue declarado de tramitación compleja.
El grupo incurrió en los delitos asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El entramado criminal desmantelado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.
El Ministerio Público estableció, en el transcurso del proceso judicial, que los imputados realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.
Estas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral 5G, por la que también fueron impuestas medidas de coerción a 13 personas, la mayoría con prisión domiciliaria y preventiva, incluyendo a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD), Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y Julio Camilo De los Santos Viola (FARD), quienes desde diciembre pasado cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
