Lima. La permanente crisis política en la que ha estado envuelto el Gobierno del presidente Pedro Castillo en Perú se agravó este martes, luego de que decretara un “estado de emergencia” para responder al paro nacional que los transportistas del país iniciaron la semana pasada, en reclamo por el abrupto incremento de los combustibles y que desató un conflicto social que ya ha dejado un saldo de cuatro muertos.
A lo largo de los días, las movilizaciones provocaron bloqueos de carreteras, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, marchas, saqueos en comercios, quema de casetas de peajes y neumáticos, y una nueva presión opositora en contra de un mandatario que apenas lleva poco más de ocho meses en el cargo.
El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, confirmó que dos personas fallecieron en accidentes de tránsito vinculados con las protestas, ya que fueron atropelladas. Además, un menor de edad murió al caer desde un puente a un río durante una marcha.
La última víctima era un joven que estaba siendo trasladado en una ambulancia y no pudo llegar a recibir atención hospitalaria.También hay decenas de heridos, varios de ellos jóvenes a los que, como ocurrió en las protestas de 2019 en Chile y de 2021 en Colombia, los policías les dispararon perdigones directamente en los ojos.
En medio de un clima de caos social, con una huelga nacional, bloqueos carreteros en todas las regiones del país y desabastecimiento, el Gobierno anunció el fin de semana políticas impositivas para tratar de paliar el aumento de los combustibles que, a su vez, ha repercutido en un alza de los alimentos.
Sin embargo, las movilizaciones se repitieron el lunes porque los huelguistas consideraron insuficiente la medida. Aunque la gasolina de 90 octanos bajó de 19 a 15,6 soles (de 5 a 4,2 dólares) y la de 84 octanos pasó de 18,6 a 14,7 soles (de cinco a 3,9 dólares), reclaman que baje a 12 soles (3,2 dólares).
Sorpresa
El lunes a la medianoche, Castillo emitió un mensaje que fue criticado tanto por la hora como por el contenido, ya que mientras la ciudadanía dormía decretó un toque de queda en Lima y en la provincia del Callao, que implicó una inmovilización social obligatoria desde las 02:00 hasta las 23:59 del martes.
La confusión inicial fue seguida de una oleada de críticas que incluyó nuevos pedidos para tramitar “la vacancia” de Castillo en el Congreso, es decir, un juicio político para destituirlo, amenaza que ha estado latente desde que comenzó a gobernar.
Una de las posiciones más radicales las mostró el diario opositor El Comercio. “Incompetencia total permanente”, tituló una nota en la que se denuncia que el presidente habría atropellado por completo el Estado de derecho. El decreto facultó a la Policía Nacional a mantener “el control del orden interno”, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, debido al paro nacional indefinido convocado por la Unión Nacional de Transportistas y la Confederación Nacional de Transportistas del Perú.
”Considerando el contexto actual debido a las acciones realizadas durante las medidas de protestas antes indicadas, resulta necesario modificar las disposiciones relacionadas a la suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales, con el fin de proteger el orden público y el orden interno, así como la vida y a la salud de los/as peruanos/as”, señaló el documento presidencial.
En medio del desconcierto, la capital peruana permaneció vacía durante esta jornada en acatamiento a un decreto que impidió la libertad de tránsito en el territorio nacional (con excepción de trabajadores de la salud y servicios esenciales), libertad de reunión y libertad y seguridad personales.Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a publicarse convocatorias para marchar y evadir el toque de queda, como una forma más de protestar contra Castillo.
El Congreso también hizo su parte, ya que la Junta de Portavoces del Poder Legislativo le exigió a Castillo derogar el decreto porque no se pueden restringir derechos para resolver una crisis.
