Lima. (AFP). El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, este jueves cumple un año de mandato con un récord de cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción y el pertinaz asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia.
Castillo, un maestro rural y sindicalista, ha sobrevivido a dos intentos de destitución “por incapacidad moral”, impulsados por un sector del Congreso descontento desde el inicio de su mandato.
Cuando este jueves acuda al Congreso para su primer mensaje anual en el día nacional de Perú, hallará un ambiente más crispado.
La reciente decisión de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, de abrirle una nueva investigación por “obstrucción a la justicia”, al proteger a tres miembros de su entorno, prófugos, ha avivado las brasas para un tercer pedido de destitución.
De momento, Castillo ha capeado el temporal ayudado por la corrupción y fragmentación del Congreso de 130 miembros, que carece de los 87 votos necesarios para separarlo del cargo.
Diversos analistas consultados por la AFP dudan que logre mantenerse en el poder.
“A los tres meses era evidente que era un presidente inepto y con una vocación por la corrupción muy grande”, dijo el analista y economista Augusto Álvarez Rodrich.
La Fiscalía abrió cinco investigaciones contra Castillo, cuatro por casos ocurridos en su gobierno.
Las causas contemplan un presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por la estatal Petroperú en 2021 y la supuesta obstrucción a la justicia en la destitución de un ministro de Interior.
También un presunto tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares; supuesta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública, y por el plagio en su tesis universitaria.
El presidente niega vehementemente todos los cargos.
La fiscalía, que es autónoma e impulsa la megainvestigación del caso Odebrecht que salpicó a otros cuatro presidentes peruanos, considera que hay indicios de que Castillo encabeza “una organización criminal”, que involucra a su entorno político y familiar.
Sin embargo, no puede llevarlo a tribunales pues tiene inmunidad hasta el fin de su mandato en 2026.
“El ministerio público es independiente. Ha habido tantos testimonios y acusaciones que parecen estar bien fundados. No creo que estos sean fabricados”, dijo a la AFP el analista Michael Shifter, del Diálogo Interamericano, con sede en Washington DC.
“Esto no es ideológico”, estimó. “La corrupción no se limita al presidente y el Congreso también está muy involucrado y los miembros del Congreso se han beneficiado. Por eso tampoco quieren que lo destituyan. Quieren que esto continúe. Es una especie de equilibrio perverso”.
