Ecuador está viviendo este jueves cortes de electricidad de hasta 13 horas, una medida tomada para la reducción de la energía hidroeléctrica generada debido a la sequía y que llevó al Gobierno a pedir, sin mucho éxito, que se suspendieran las jornadas laborales.
Los embalses han registrado niveles de almacenamiento alarmantes en vísperas de la celebración de un referéndum vinculante sobre las medidas que plantea el presidente Daniel Noboa para tratar de atajar la creciente violencia ligada al narcotráfico.
El movimiento en las grandes estaciones de transporte urbano de Quito era el usual, a pesar del pedido del Gobierno. Los autobuses partían hacia varios puntos de la capital sorteando la falta de semáforos en algunos sectores.
Desde el domingo empezaron los cortes de luz sin aviso, por periodos más cortos, pero se han ido alargando con el paso de los días.
El hombre de 45 años, quien es propietario de un negocio de alquiler de computadoras en el centro de Quito sostuvo que en tres días ha perdido cerca de 200 dólares de ingresos por la interrupción del servicio.
El Ejecutivo suspendió estos jueves y viernes la jornada laboral en los sectores público y privado, así como las clases, tras anunciar que los embalses Mazar (el más importante) y Paute, ambos en el sur andino, están en «condiciones críticas» al registrar niveles de almacenamiento de 0% y 4%, respectivamente.
El gobierno aseguró que este domingo, cuando cerca de 13,6 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas, «no va a haber apagones». El principal eje de la consulta es el combate al crimen organizado que desangra al país.
El presidente Noboa declaró el martes, la emergencia en el sector eléctrico y pidió la renuncia de la entonces ministra de Energía, Andrea Arrobo, luego de intempestivos racionamientos que empezaron el domingo.
Además denunció un «sabotaje» en el área eléctrica como una de las causas de los cortes, así como de los efectos del calentamiento global.
Las alertas sobre la crisis energética «no se dieron a tiempo», se quedó Izurieta. El gobierno considera esto una «arremetida» de sus enemigos políticos de cara a la consulta popular con la que busca dar, por ejemplo, luz verde a la extradición de connacionales y aumentar las penas por delitos del crimen organizado.
Los ciudadanos se quejaban este jueves por la desorganización en los cortes, pues no se cumplen los horarios establecidos.
