AFP. El jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) se reunió el sábado con el ministro surcoreano de Relaciones Exteriores en Seúl, donde cientos de manifestantes denunciaron que Japón autorizara el vertido de aguas tratadas de la central de Fukushima.
Rafael Grossi llegó el viernes a la capital surcoreana después de un viaje a Japón durante el cual su agencia aprobó el polémico proyecto de verter en el océano las aguas de la central nuclear de Fukushima, donde se produjo un accidente en 2011.
El sábado, una multitud de manifestantes se concentró en el centro de Seúl para denunciar el examen, según ellos, «insuficiente» del OIEA, mientras el argentino Rafael Grossi se reunía con el ministro de Relaciones Exteriores Park Jin.
Blandían pancartas criticando al OIEA y acusándolo de haber redactado su informe «bajo la influencia de Japón».
Grossi se defendió el sábado presentando un proceso de aprobación «muy minucioso».
«Este es el informe completo final (…) Ningún experto me dijo que no estaba de acuerdo con el contenido», declaró en una entrevista con la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
Los diputados de la oposición surcoreana también se movilizaron contra el plan de Tokio y algunos incluso se pusieron en huelga de hambre.
Grossi se reunirá con miembros de la oposición el domingo en el Parlamento.
Corea del Sur afirma «respetar» la decisión del OIEA, pese al rechazo de la oposición y las crecientes protestas en el país.
La agencia de la ONU aprobó este plan del gobierno japonés para deshacerse de alrededor de 1,33 millones de toneladas de agua contaminada, previamente tratada, almacenada en la central, que está cerca de la saturación. La planta de Fukushima quedó devastada por el el tsunami acaecido el 11 de marzo de 2011.
La agencia estimó el martes que este proyecto «cumple con las normas internacionales de seguridad» y tendrá un impacto «insignificante en la población y el medio ambiente».
Japón anunció que el vertido comenzará este verano.
