PUNTA CANA. Por la confiscación del avión presidencial de Venezuela, el Gobierno que preside Nicolás Maduro anunció que se reserva el derecho a tomar acciones legales para reparar el daño causado por la confiscación.
La aeronave fue incautada en la República Dominicana por orden de las autoridades de Estados Unidos, en el marco de las sanciones aplicadas a Caracas. En un comunicado, el Ejecutivo de Maduro calificó la confiscación como un acto de “piratería” y señaló que “se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal” de EE.UU.
El Gobierno de Caracas considera que esta no es una acción aislada, sino parte de una escalada de medidas contra el Gobierno de Maduro, especialmente tras las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la victoria a Maduro, aunque no ha sido reconocido por numerosos países debido a denuncias de fraude por parte de la oposición.
Según Washington, el avión, un Dassault Falcon 900EX valorado en 13 millones de dólares, fue transferido a Florida por haber sido “comprado ilegalmente” por personas afiliadas a Maduro. Sin embargo, Venezuela sostiene que esta acción es una “práctica criminal” justificada por las numerosas sanciones impuestas a altos funcionarios chavistas en los últimos años.
“Esta acción revela que ningún Estado está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional. Estados Unidos ha demostrado ya que utiliza su poderío económico y militar para amedrentar y presionar a Estados como la República Dominicana para que sirvan de cómplices de sus actos delincuenciales”, afirmó el comunicado.
El fiscal general de EE.UU., Merrick B. Garland, justificó la confiscación del avión como parte de las sanciones y medidas legales contra el régimen de Maduro y sus afiliados. Fuente: EFE
