Apelará la garantía económica y otras medidas de coerción que le impuso un tribunal a 10 de los imputados, para quienes solicitó 18 meses de prisión preventiva
LA VEGA. La fiscalía de La Vega informó que apelará la decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que le impuso medidas de coerción consistentes en garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica a 10 de 13 personas involucradas en una red de lavado de activos provenientes de crímenes y delitos de alta tecnología.
El tribunal le impuso a Dante Oliver Mejía Cuesta, señalado como el cabecilla de la red, una garantía económica de RD$800 mil para ser pagados a través de una compañía aseguradora. En tanto que Henry William Paulino, Irán Manuel Falcón Rodríguez, Luis José Sánchez Castillo, Jacinto de Jesús Valdez, Cristian Olivo Lugo y Jonathan Faña deberán pagar una garantía económica de RD$50 mil.
Al grupo le fue prohibido salir sin autorización del país y la presentación periódica todos los días 22 de cada mes por ante el Ministerio Público hasta que la misma sea revocada o modificada.
A los imputados Arlin Rosario Rosa, Melquisede Santos Durán, Angelimar Marmolejos también les fue impuesta la presentación periódica en esa misma fecha e impedimento de salida del país.
En el caso, que fue declarado complejo, también está involucrado Harley Andrés Olivares Cortes, contra el cual también fue solicitada medidas de coerción de prisión preventiva, así como dos menores de edad, cuyo caso se conoce en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de este distrito judicial.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, dijo que la prisión preventiva por 18 meses solicitada por el Ministerio Público es la más idónea en este caso para garantizar la presentación de los imputados en el proceso.
Explicó que procederán con apelación en procura de lograr la medida privativa de libertad que es la que corresponde por tratarse de un delito de criminalidad organizada con vinculación nacional e internacional, que afecta diariamente a miles de víctimas.
“Además existe un concurso real de infracciones, vinculando el lavado de activos, violación a la ley de drogas, asociación de malhechores, crimen y delitos de alta tecnología y violación a la ley de armas”, sostuvo la representante del Ministerio Público en esta demarcación.
En torno al caso, la Fiscalía de La Vega establece en la solicitud de medida de coerción que conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) desde finales de septiembre pasado abrió una investigación dirigida a una residencia de esta ciudad, donde diversas personas con perfiles sospechosos se presentaban de forma regular en horarios que llamaron la atención de las autoridades competentes.
Resalta que las investigaciones permitieron establecer que dicha residencia operaba como oficina, conteniendo divisiones tipo cubículos, preparados para aislar el ruido y poder realizar el trabajo con más calidad. Específica que en la vivienda se encontraban instalados unos 19 monitores y 23 CPU, así como con 6 computadoras portátiles que contenían instalados programas extranjeros.
Detalla que en el transcurso de las pesquisas el pasado 15 de octubre, alrededor de las 12:36 de la tarde, se ejecutaron órdenes de arresto en la vivienda propiedad del cabecilla Mejía Cuesta y donde se encontraban los demás encartados.
Explica que durante la operación se ocupó dinero en pesos y dólares, diferentes prendas, armas de fuego y blancas, documentos, teléfonos celulares, vehículos y pastillas color rosado que se presume que son de éxtasis.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
El órgano del sistema de justicia destaca en un comunicado de prensa que aportó suficientes pruebas en contra de los encartados, destacando en ese sentido, que procurará que se le varíen las medidas de coerción que recibieron y que se imponga la prisión preventiva como corresponde en este caso.
