PUNTA CANA. Con la presencia de decenas de organizaciones sociales, se llevó a cabo una vista pública en la que cientos de ciudadanos y representantes de organizaciones presentaron sus observaciones ante la Cámara de Diputados con respecto a los tres proyectos de modificación del Código Penal. Aunque las principales variaciones se centran en reformas a los artículos 14, 123 y 185, las discusiones sobre la interrupción del embarazo continúan dividiendo a los sectores sociales.
En el escenario de la cámara baja, movimientos políticos, sociales y profesionales del área de la salud protagonizaron un debate con posiciones firmes y discordantes. Mientras algunos abogan por la despenalización del aborto en casos excepcionales, otros consideran que una madre no debería tener el derecho de decidir cuándo su hijo debe morir.
La activista social Natalia Mármol expresó su preocupación acerca de la propuesta aprobada en dos lecturas por el Senado y respaldada por los diputados. Según Mármol, este Código Penal desprotege a las familias al excluir las tres causales, poniendo en peligro la vida de las mujeres. Negar estas causales perpetúa la mortalidad femenina.
Por otro lado, los defensores de la vida (provida) argumentan que otros padecimientos y condiciones de salud son los principales responsables de la muerte de las madres durante el proceso de embarazo, no la falta de despenalización del aborto. El ginecólogo Jael Omar Salcedo cuestionó a los miembros de la comisión especial de diputados: “¿Quién les ha dado la autoridad divina para decidir sobre la vida de un ser humano?”
Las discusiones por la aprobación de las tres causales en el Código Penal es un debate que lleva más de 20 años que ha dividido en dos las posiciones que tiene la población de la República Dominicana.
