La forma como se conducen los operadores de rutas de transporte terrestre público de personas en Verón-Punta Cana sigue siendo un tema pendiente para que las autoridades locales supervisen y regulen, y sea un servicio social eficiente. Mediante la Ley 163-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la que crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para que fiscalice y controle, por igual impulse políticas públicas y organizar junto con los ayuntamientos el transporte público de pasajeros.
De modo que, ambos organismos cuentan con un marco institucional que los comprometen a garantizar su eficiencia, protección y defensa de los usuarios. Las leyes dominicas definen la guía de acción para que cada organismo cumpla con su rol, tal caso es el de la autoridad local, la que tiene la obligación de hacer valer las leyes y las normas vigentes en materia de transporte y tránsito terrestre en las calles y carreteras de su territorio; de promover planes para neutralizar el desorden como el que reina en las vías públicas de este distrito municipal, donde estos señores del sector transporte se desplazan con sus propias reglas sin importar los usuarios y los ciudadanos con derechos, porque solo les importan sus intereses.
Es injusto la forma como operan las rutas de pasajeros públicos, la cual urge poner en cintura. En tal sentido, el transporte y tránsito terrestre sigue siendo uno de los males de Verón-Punta Cana, donde la dirección distrital no ha sido capaz de establecer orden en ese sector, ya que los transportistas terrestres se desplazan “como Pedro por su casa”, sin regímenes y controles. Estos sindicatos lucen que poseen el poder absoluto para ofrecer este servicio por encima de la ley sin consecuencias.
Por ejemplo ante la crisis de la pandemia del coronavirus y la necesidad de transportar a las personas se acordó un protocolo sanitario para evitar contagio y la propagación a usuarios y el personal, se les permitió aumentar los pasajes, y tendrían que transportar sólo 60% de su capacidad, por el contrario en algunos casos ocupan todos los asientos, lo que pone en riesgos a los que pagan.
Por cierto es el transporte más caro del país. Entonces, le corresponde al gobierno local en comunión con los organismos nacionales fijar la base para que los residentes y visitantes de Verón-Punta Cana se nos ofrezcan un mejor servicio de transporte terrestre público. Es su responsabilidad ser su garante.
