El uso de recursos públicos al servicio de los candidatos oficiales constituye actos de inequidad, falta de transparencia y antidemocráticos, roban derechos.
La cantidad de publicidad de los responsables de obras hechas por el Gobierno, de capitalizarlas inapropiadamente y de manera oportunista manifestada en sus comunicaciones políticas y ante la carencia de su candidato presidencial de articular un discurso político eficaz, al no poder sustentar sus aspiraciones sino con expresiones huecas. Con la utilización ilegal de recursos para beneficiar al partido oficial es una expresión de injusticia.
Esta desproporcionada forma de instrumentar el poder político y poner en manos de candidatos vinculados al partido oficial y aliados, de mal tratar, pero sobre todo, cuando esos actos y recursos son distribuidos son contrarios a lo establecido en la ley.
Siendo la equidad y la transparencia valores universales, al actual contrario a ellos, como a favor de sus intereses y en detrimento de los demás partidos políticos, este comportamiento se define como desmesurado e inmoral.
En campañas electorales, en una clara e injusta acción, el Gobierno utiliza sus medios para cambiar la percepción e imponer en la sociedad a su candidato presidencial, que junto viven una crisis de credibilidad y confianza. Esta vieja práctica es una forma de quebrantar derechos, al gastar sin control, sin transparencia y sin dar cuentas.
Por igual, es en este tiempo cuando se trata de estafar la voluntad popular con dinero público. Todos fuimos testigos de cómo se impuso la reelección en el 2016 por encima del sentir de la sociedad y de un partido, como hoy nos hostigan con el gasto de millones pesos del Estado y de no competir en igualdad. Este es un ejercicio antidemocrático contrario a lo establecido en la Constitución, las leyes, y sus reglamentos.
En cambio, la Junta es la gestora de las elecciones, regula a los actores del sistema y está obligada a que impere la equidad, como de impedir que el Gobierno tome partida con sus recursos. Es mediante la publicidad oficial que se disfrazan cuantiosos recursos para promover sus aspirantes al Palacio y al Congreso, de hacer valer a la fuerza haciendo uso del Gobierno para politizar y capitalizar la crisis sanitaria intimando y atemorizando a la oposición, de tratar de recluirla e impedir que hagan sus labores políticas-electorales legítimas.
