DPA Europa Press
Madrid. La Comisión de Asuntos Económicos del Senado de Brasil ha aprobado por unanimidad este martes una reforma para definir el marco regulatorio de las operaciones financieras con criptomonedas en el país sudamericano.
El texto aprobado prevé, entre otros puntos, la inclusión en el Código Penal de un delito específico de fraude en las transacciones con criptodivisas.
De esta forma, se considerará «fraude en la prestación de servicios virtuales» a quien «organice, gestione, ofrezca carteras o intermedie operaciones que involucren activos virtuales, con el fin de obtener una ventaja ilícita, pérdida de otra persona, inducir o mantener a alguien por error, mediante artificio, artimaña o cualquier otro medio fraudulento».
La pena para estos supuestos oscilaría entre los cuatro y los ocho años de presión, además de una sanción económica.
Después de haber superado el trámite del Senado de forma unánime, la propuesta, presentada por el senador Irajá, del Partido Social Democrático, pasará directamente a la Cámara de Diputados. Finalmente, si el proyecto fuera aprobado por la Cámara Alta sin enmiendas pasaría a ser sancionada por el presidente. No obstante, todavía no hay fechas previstas para el calendario de la tramitación, según recoge el diario local ‘G1’.
La norma establecería que sería el Ejecutivo el encargado de regular la prestación de servicios de monedas virtuales y se delimitarían algunas directrices, como la de la libre empresa y competencia y la seguridad de la información y protección de datos personales.
Asimismo, el documento prevé la necesidad de «prevenir el blanqueo de capitales, el ocultamiento de bienes, derechos y valores, combatir las actividades de las organizaciones criminales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, en consonancia con estándares internacionales».
Por otra parte, la propuesta define las reglas para la operativa de proveedores de servicios de activos virtuales en Brasil y prevé la autorización previa del Banco Central para la actuación de este tipo de empresas. Si las compañías operan sin dicha autorización, podrían enfrentarse a un delito contra el sistema financiero.
La propuesta ha sido elaborada en conjunto por el Banco Central, la Comisión de Valores Mobiliarios y la Receita Federal, además de otras entidades privadas.
«Nuestro objetivo dentro de este marco regulatorio es dinamizar el clima de negocios, no sofocarlo, sino crear mecanismos que puedan proteger a los buenos inversores, personas físicas, jurídicas, profesionales liberales, autónomos, que ven una oportunidad a las inversiones dentro de un ambiente de negocios que obviamente es propicio», ha defendido el senador Irajá.
De su lado, el proyecto también determina que, al igual que las bolsas de valores, los proveedores de servicios de criptomonedas deberán identificar a sus clientes y llevar un registro de toda transacción con moneda local o extranjera que exceda el límite que determine la autoridad competente. Si la transferencia excede este límite, las empresas tendrán que notificarlo al Consejo de Control de Actividades Financieras en un plazo de 24 horas, según lo determina la Ley de Lavado de Activos.
