Lima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) requirió al Estado de Perú abstenerse de liberar al expresidente Alberto Fujimori, con el fin de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de dos casos de violaciones a los derechos humanos, informó este miércoles el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Ahora el Gobierno de Pedro Castillo debe tomar una decisión si acata o no este nuevo pronunciamiento o bien se ejecuta el indulto.
Mientras tanto, Keiko Fujimori, hija del ex presidente, se refirió a la decisión del tribunal como una «maniobra perversa e inhumana».
La semana pasada, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó liberar a Fujimori, condenado a 25 años de prisión por abusos de derechos humanos. De esta manera, restituía el indulto que le fue otorgado en diciembre de 2017 y anulado 10 meses después.
La polémica figura de Fujimori
Fujimori es una figura polémica y controvertida en el Perú. Fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción. Ha sido calificado como autoritario por la prensa y parte de la población, y por algunos personajes públicos como dictador, principalmente a raíz del «autogolpe» de 1992.
En 2004, la ONG Transparency International, estimó en unos 600 millones de dólares la fortuna amasada ilegalmente por Fujimori durante los 10 años que estuvo en el poder. De este dinero, solo unos 160 millones han sido devueltos al Estado peruano a fecha de 2009.
A fines del año 2000, al verse acorralado por diversos escándalos, viajó a Brunéi para asistir a la cumbre anual de la APEC, desde donde viajó a Japón, país en el cual pretendió a los pocos días dimitir a su cargo de Presidente a través de un aparato de fax. Sin embargo, fue destituido por «incapacidad moral» por el Congreso. Gracias a su doble nacionalidad, al principio pudo evadir las acusaciones judiciales que pesaban en su contra. En noviembre de 2005, Fujimori viajó a Chile, donde fue detenido y posteriormente extraditado.
Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves, tras ser hallado culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, cometidas por un escuadrón del ejército conocido como el grupo Colina, así como del secuestro de un empresario y un periodista.
