Estados Unidos. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) perdió parte de sus poderes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos representa un gran revés para los planes climáticos del presidente Joe Biden.
El mandatario lo calificó como una «decisión devastadora», pero dijo que el fallo no socavaría su esfuerzo por abordar la crisis climática.
El caso contra la EPA fue presentado por West Virginia en nombre de otros 18 estados mayoritariamente liderados por republicanos y algunas de las compañías de carbón más grandes del país.
Los demandantes argumentaron que la EPA no tenía autoridad para limitar las emisiones en todos los estados.
Estos 19 estados están preocupados por el impacto económico que implicaría que sus sectores energéticos se vean obligados a dejar de usar carbón.
En un fallo de 6-3, el tribunal se puso del lado de los estados conservadores y las empresas de combustibles fósiles y acordó que la EPA no tenía la autoridad para imponer medidas tan extensas.
El fiscal general Eric Schmitt de Missouri, uno de los 19 estados demandantes, describió la decisión de la Corte como una «gran victoria… que hace retroceder las regulaciones de la EPA de Biden que eliminan empleos».
El tribunal no impidió por completo que la EPA haga estas regulaciones en el futuro, pero dice que el Congreso tendría que decir claramente que autoriza este poder.
Y el Congreso ha rechazado previamente los programas de limitación de carbono propuestos por la EPA.
Los grupos ambientalistas están profundamente preocupados por el resultado, ya que los 19 estados que presentaron el caso han tenido un progreso escaso en la reducción de sus emisiones, algo necesario para limitar el impacto del cambio climático.
Los estados demandantes representaron el 44% de las emisiones de EE. UU. en 2018, y desde 2000 solo han logrado una reducción del 7% en sus emisiones en promedio.
«El fallo de la Corte Suprema socava la autoridad de la EPA para proteger a las personas de la contaminación climática en un momento en que toda la evidencia muestra que debemos tomar medidas con gran urgencia», dijo Vickie Patton, asesora general del Fondo de Defensa Ambiental, Environmental Defense Fund (EDF), una ONG basada en Nueva York.
El fallo significa que el presidente Biden ahora solo puede esperar por un cambio de política en los 19 estados o un giro en el Congreso; de lo contrario, es poco probable que EE.UU. logre sus metas climáticas.
Se trata de una pérdida significativa para el mandatario, quien asumió el cargo con la promesa de aumentar los esfuerzos de EE.UU. en materia de medio ambiente y clima.
En su primer día en el cargo, Biden volvió a ingresar a su país en el Acuerdo de París, el primer acuerdo global legalmente vinculante sobre objetivos de cambio climático.
Y comprometió al país a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 52% para 2030 respecto a los niveles de 2005.
«Si bien esta decisión corre el riesgo de dañar la capacidad de nuestra nación para mantener nuestro aire limpio y combatir el cambio climático, no cejaré en el empeño de usar mi autoridad legal para proteger la salud pública y enfrentar la crisis climática», afirmó Biden.
Los gobiernos de todo el mundo seguramente tomarán nota del fallo de la Corte Suprema, ya que afectará los esfuerzos globales para abordar el cambio climático. Estados Unidos representa casi el 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo.
Un portavoz de Naciones Unidas calificó la decisión de la Corte Suprema como «un revés en nuestra lucha contra el cambio climático», pero agregó que ninguna nación por sí sola podría descarrilar el esfuerzo global.
En EE.UU., esta decisión también podría afectar las responsabilidades regulatorias actuales y futuras más amplias de la EPA, incluyendo las que se refieren a protecciones al consumidor, la seguridad en el lugar de trabajo y la salud pública.
El fallo otorga «enorme poder» a los tribunales para debilitar otras regulaciones que no le gustan, señaló a la BBC Hajin Kim, profesora de derecho en la Universidad de Chicago.
Esto se debe a que los jueces pueden argumentar que el Congreso no autorizó explícitamente a la agencia a hacer algo en particular, agregó.
