Tribunal rechaza solicitudes de variación de medidas de coerción a imputados Boanerges Reyes Batista, Antonio Franklin Mata Flores y Julio Camilo de los Santos Viola
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público decomisó en favor del Estado dominicano 18 millones 400 mil pesos, mediante una sentencia firme, al acoger el criterio de oportunidad en favor de César Félix Ramos Ovalle, uno de los imputados en el caso Coral y Coral 5G.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó la recuperación de la citada suma al amparo de la aplicación del Artículo 370.6 del Código de Procedimiento Penal Dominicano.
El citado texto legal permite al Ministerio Público, con la autorización de un juez, “la aplicación de un criterio de oportunidad si el imputado colabora eficazmente con la investigación, brinda información esencial para evitar la actividad criminal o que se perpetren otras infracciones”.
También, si el imputado ayuda a “esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la acción penal de la cual se prescinde resulte considerablemente más leve que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita”.
“En el día de hoy estuvimos conociendo aproximadamente nueve audiencias, entre solicitudes de variación de medida de coerción y solicitud de algunos de los imputados, resoluciones de peticiones y el criterio de oportunidad que ha aplicado el Ministerio Público en favor de uno de los investigados”, resaltó Ortiz, al responder preguntas de los periodistas que la abordaron a la salida del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que preside la jueza Yanibet Rivas.
Explicó que la jueza Rivas rechazó todas las solicitudes de variación de medidas de coerción, como pretendían los imputados Boanerges Reyes Batista, Antonio Franklin Mata Flores y Julio Camilo de los Santos Viola.
Respecto a Ramos Ovalle el tribunal ponderó que “una vez siendo investigado, colaboró con el Ministerio Público en el proceso de investigación, aportó elementos de pruebas y ha resarcido el daño al Estado con la devolución de 18 millones 400 mil pesos”, dijo Ortiz.
Añadió que Ramos Ovalle, quien tenía impuesta una coerción consistente en una garantía económica a través de una compañía aseguradora, resarció al Estado dominicano por las transacciones dolosas en las que participó. Además, que seguirá colaborando con los investigadores del caso de corrupción de Coral y Coral 5G.
“En su favor se extinguió la medida de coerción, la acción penal que pesaba contra él, porque una vez éste contactó la solidez de las imputaciones del Ministerio Público y los elementos de prueba, pues fue movido por su consciencia a colaborar con el Ministerio Público y este es el resultado de su colaboración”, dijo.
“Vamos a verlo en el desarrollo de la acusación, pero su colaboración tal como lo establece la Norma Procesal Penal, fue una colaboración eficaz y esa colaboración eficaz tuvo como resultado la aplicación del criterio de oportunidad”, añadió.
Ortiz explicó que las audiencias de este martes se desarrollaron a solicitud de los imputados. “Esta mañana teníamos audiencia de revisión obligatoria de los que en principio formaban parte del Caso Coral 5G, que como ustedes saben se ha solicitado que se haga una fusión con el proceso Coral, porque se trata de un mismo proceso de investigación”, indicó.
Añadió que, como dicha audiencia estaba fijada en el Primer Juzgado de la Instrucción, tribunal control del proceso cuyas funciones cesaron por haberse depositado acusación.
Indicó que, por esa razón, el tribunal dejó sin efecto la revisión y mandó las acciones al Sexto Juzgado de la Instrucción, que a partir del depósito de la acusación, es el tribunal que va a conocer todo lo relativo a este proceso.
En las audiencias, además de la procuradora de corte Ortiz representaron al Ministerio Público los fiscales María Melenciano y Jonathan Pérez.
Con las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 imputados, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.
En la Operación Coral 5G, derivada de la Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco. Contra César Félix Ramos Ovalle cesa la persecución penal.
