Un segundo imputado tiene garantía económica y presentación periódica como medidas de coerción
SANTO DOMINGO ESTE.- La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte obtuvo tres meses de prisión preventiva en contra de una mujer vinculada al contrabando de armas de fuego de uso militar y sus municiones, provenientes de Estados Unidos.
Además de declarar el caso de tramitación compleja, el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, dispuso que Estefany de la Paz cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
El magistrado Cruz Quezada también impuso medida de garantía económica, de 20 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida contra Kelvin Peña, imputado como integrante de la red.
El fiscal titular de esta demarcación, Milcíades Guzmán Leonardo, quien encabezó la investigación, explica que el modo de operar de la red es el tráfico y contrabando de armas de fuego. Detalló que el grupo enviaba el arsenal desde Estados Unidos a través de compañías de envío de manera camuflada, con ropas, alimentos y electrodomésticos.
El expediente instrumentado por el fiscal Héctor Manuel Romero Pérez establece que tras una ardua labor de inteligencia realizada de manera conjunta con la Policía Preventiva y miembros la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional, resultaron arrestados los imputados en flagrante delito, en virtud de los hallazgos de un allanamiento.
La operación contó, además, con la cooperación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Durante la solicitud de medida de coerción, el fiscal litigante José Encarnación manifestó que cuenta con suficientes elementos probatorios para demostrar la responsabilidad penal de los encartados, en cuanto a la violación de un amplio articulado de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Además, varios artículos del Código Penal y de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como la 168-21, relativa a delitos de contrabando y defraudación aduanera.
