Punta Cana. – Después de 14 horas de audiencia, el juez de la instrucción José Alejandro Vargas aplazó para las 2:00 de la tarde de este lunes la audiencia de medidas de coerción contra los imputados por corrupción en el expediente estructurado por el Ministerio Público como consecuencia de la Operación Anti Pulpo.
Vargas tomó la decisión y pasada las 12:00 de la medianoche, debido al cansancio exhibido en la sala por algunos de los imputados.
“Vengamos preparados para concluir todo esto mañana, la idea que yo tenía era por lo menos terminar de escuchar a todo el mundo para poder decidir el asunto”, dijo, para reconocer que sería “una terquedad” continuar con el proceso.
“Por parte del Ministerio Público, estábamos listos y dispuestos a continuar con el conocimiento de la audiencia”, aseguró a la salida el magistrado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). “Mañana vendremos con la misma energía a seguir presentando nuestras evidencias y a demostrar que este entramado de corrupción ha depredado miles de millones de fondos públicos”.
Para mañana, habrán de presentar sus alegatos de defensa los implicados Francisco Pagán, Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Wacal Vernavel Méndez Pineda y Juan Alexis Medina Sánchez.
Antes de aplazar la audiencia, el juez escuchó la presentación de las imputaciones contra el encartado José Dolores Santana, quien jugó un papel clave en el entramado de negocios que utilizó Juan Alexis Medina Sánchez para constituirse en un proveedor privilegiado de varias instituciones públicas durante el gobierno de su hermano Danilo Medina, según el Ministerio Público.
El órgano de la persecución aseguró también que el imputado ha pretendido eliminar evidencias de la investigación, por lo que resulta importante que permanezca en prisión.
“Uno de los testaferros que más aparecen realizando transacciones millonarias es José Dolores Santana”, explicó la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, tras sostener que aparece como accionista y directivo de varias de las empresas, incluida Domedical Suply SRL, que participó como proveedora para el equipamiento de hospitales públicos. Para colmo, agregó, también trabajaba en el Ministerio de Salud Pública, entidad receptora de los servicios.
Indicó que, incluso, cuando el Ministerio Público desarrollaba la investigación en el Ministerio de Salud, Dolores Santana trató de alterar evidencias pretendiendo entregar equipos faltantes.
Durante el conocimiento de medidas de coerción a los 11 imputados en el expediente derivado de la operación Anti Pulpo, Reynoso indicó que de los suministros de Domedical no solo hay equipos médicos sobrevaluados de hasta 200 por ciento, sino también de mala calidad y hasta usados.
Política como medio de enriquecimiento ilícito
La magistrada Reynoso reiteró la petición de prisión preventiva por un año para Dolores Santana, por tratarse de uno de los encartados que más contactos han realizado con potenciales testigos.
En el momento de su detención, el Ministerio Público le ocupó un cheque que iba remitido a uno de los abogados de este caso, por un monto de casi cinco millones de pesos, que estaba firmado por Santana, pero a nombre de la razón social de Domedical.
“También era miembro de Tornado, que es una fuerza política de apoyo al Partido de la Liberación Dominicana”, detalló Reynoso, para explicar que se trataba de un articulado de intereses para el enriquecimiento de un grupo con los recursos del Estado. Dijo que, precisamente, el gobierno de Danilo Medina declaró de urgencia el equipamiento de los hospitales, proceso para el que fueron contratadas las empresas de su hermano, en las que Dolores Santana figura como prestanombre y ejecutivo, y luego estas empresas aportaban recursos a campañas políticas del oficialismo.
