Donald Trump y Joe Biden están bajo escrutinio de la Justicia estadounidense por la gestión de los archivos de la Casa Blanca, en casos tan delicados como distintos el uno del otro.
Los puntos en común
El Congreso de Estados Unidos declaró en 1978 que el conjunto de documentos creados o recibidos por el presidente y el vicepresidente en el marco de sus funciones pertenecen al país.
A raíz de esta ley, todos los correos, cartas, fotos, videos y documentos de trabajo de la Casa Blanca deben ser transmitidos al final del mandato a los Archivos Nacionales, encargados de registrar para la historia las actividades presidenciales.
Otra ley, sobre espionaje, prohíbe a los agentes estadounidenses conservar documentos clasificados como confidenciales en lugares no autorizados y no asegurados.
Biden y Trump parecen haber incumplido estas normas. El primero al finalizar su mandato de vicepresidente en 2017, y el segundo cuando dejó la Casa Blanca en 2021.
Documentos confidenciales -que habrían debido restituir- fueron hallados en el club de Mar-a-Lago del millonario republicano, así como en una antigua oficina y el garaje de la casa de Wilmington del presidente demócrata.
Debido a su alto perfil, el ministro de Justicia, Merrick Garland, entregó las investigaciones a dos fiscales especiales: Jack Smith, encargado desde noviembre del caso Trump (que también incluye investigaciones sobre su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de sus seguidores) y Robert Hur, designado este jueves para el caso Biden.
Recalcitrante o cooperativo
Los dos casos difieren por la actitud de sus principales protagonistas.
Tras la salida de Trump de la Casa Blanca, los Archivos Nacionales lucharon para recuperar los documentos. Un año más tarde, obtuvieron la restitución de 15 cajas completas de documentos, algunos con un gran valor histórico, como una carta que escribió el dirigente norcoreano Kim Jong Un.
Persuadida de que había más documentos extraviados, esta agencia pidió en febrero de 2022 una investigación de la justicia federal. Tras varias entrevistas al entorno de Trump y una visita in situ, la policía federal (FBI) allanó en agosto la lujosa residencia del republicano en Florida, recuperando unas treinta cajas adicionales.
Una investigación mostró que 18 documentos clasificados como “top secret”, 53 “secretos” y 31 “confidenciales” estaban entre las pertenencias.
Al contrario, el caso de Biden estalló luego de un aviso de sus propios abogados, quienes hallaron los documentos confidenciales -una decena, según medios estadounidenses- al limpiar antiguas oficinas del mandatario en Washington, en un cajón cerrado.
Los mismos abogados dieron aviso al Departamento de Justicia, que abrió una investigación preliminar.
Además, los abogados de la presidencia revisaron dos residencias privadas de Biden e informaron al departamento haber hallado “un pequeño número de documentos confidenciales” adicionales en el garaje de su casa en Wilmington, que recuperó el FBI.
“Persecución política”
Trump denuncia una “persecución política” y niega cualquier responsabilidad.
“Tenía un pequeño número de cajas en Mar-a-Lago, que estaban bajo protección de agentes y de mis equipos”, declaró en octubre. “¡Deberían devolvérmelos porque todo es mío!”.
Al contrario, Biden dijo “tomar muy en serio” sus obligaciones en cuanto a documentos confidenciales, pero asegura haber pecado “por inadvertencia”.
