El Banco Central de Rusia (BCR) anunció este viernes un aumento de su tasa de interés de referencia del 19% al 21%, alcanzando su nivel más alto desde 2003. Esta medida busca contener la inflación, que se disparó al 8,6% en septiembre, muy por encima del objetivo establecido del 4%.
En su comunicado, el BCR destacó la necesidad de un nuevo endurecimiento de la política monetaria para asegurar el regreso de la inflación a su meta y reducir las expectativas inflacionarias entre los consumidores.
El aumento de las tasas se produce en un contexto de creciente presión inflacionaria, impulsada por un aumento significativo del gasto público destinado a respaldar la ofensiva militar de Rusia en Ucrania.
Este incremento en el gasto ha desencadenado un ciclo de aumentos salariales y un mayor consumo por parte de los hogares, lo que ha contribuido a la inflación de productos de consumo diario. Desde 2021, el presupuesto federal ha crecido casi un 50%, con miles de millones de euros destinados a la defensa y a la industria de armamento.
El BCR ya había elevado su tasa de interés a mediados de septiembre, cuando la incrementó del 18% al 19%, en un intento por mitigar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los rusos. La directora del BCR, Elvira Nabiullina, ha reiterado su compromiso de reducir de manera sostenida la inflación, que está afectando cada vez más a la población.
En su análisis, el BCR también mencionó los “gastos fiscales adicionales y el aumento del déficit presupuestal federal proyectado para 2024”, que, según la institución, tendrán “efectos proinflacionarios”. Este entorno económico ha llevado a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) revise al alza sus previsiones de crecimiento para Rusia, estimando un aumento del 3,6% para finales de este año, aunque advierte sobre una desaceleración prevista para 2025.
A medida que el BCR toma estas medidas, el impacto en la economía rusa sigue siendo objeto de debate. Si bien el aumento en la tasa de interés puede ayudar a controlar la inflación, también podría tener efectos adversos en el crecimiento económico y en la capacidad de los consumidores para gastar, lo que generará desafíos adicionales para el gobierno en el futuro cercano.