Punta Cana, EFE. La carta, firmada por el presidente del comité, Mark Warner, y el vicepresidente, Marco Rubio, insta a la Comisión a estudiar con detalle el uso que ingenieros y funcionarios chinos podrían hacer de los datos recabados por TikTok y la empresa propietaria, la también china ByteDance.
«Escribimos en respuesta a informes públicos sobre individuos de la República Popular de China que han accedido a datos de usuarios de EEUU, contradiciendo otras declaraciones públicas y, en concreto, un testimonio jurado en octubre de 2021», afirma la misiva.
Los senadores subrayan además el vínculo de la aplicación con el Gobierno chino, que tiene un porcentaje de la compañía matriz ByteDance Technology.
En la carta, el Comité de Inteligencia menciona un artículo de investigación elaborado por Buzzfeed que afirma que empleados chinos de TikTok y ByteDance accedieron de manera regular a datos sensibles de usuarios estadounidenses, según una filtración de grabaciones correspondientes a reuniones internas de la empresa.
De acuerdo con esa información, la compañía transfiere algunos de esos datos recopilados a funcionarios de Pekín, a pesar de que los representantes de TikTok negaron durante una audiencia ante el Congreso de EEUU, celebrada en octubre de 2021, cualquier contacto entre la popular aplicación y el Gobierno chino.
«Las actualizaciones recientes de la política de privacidad de TikTok, que indican que puede recopilar datos biométricos como huellas faciales y registros de voz, aumentan la preocupación por los datos de los usuarios de EEUU que puedan ser vulnerables a acceso extrajudicial por parte de las agencias de seguridad de China», añade la carta.
TikTok ha estado bajo escrutinio desde 2019, cuando el expresidente de EEUU Donald Trump llegó a exigir que ByteDance vendiese la aplicación a empresas estadounidenses para poder seguir operando en el país, aunque nunca se consumó esta medida.
En Europa, la semana pasada TikTok se comprometió a alinear sus prácticas con las normas de la Unión Europea sobre publicidad y protección del consumidor, tras dialogar con la Comisión Europea y la red de autoridades nacionales de protección del consumidor (CPC).
