Bávaro, Punta Cana.- Las autoridades de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) realizan la mañana de este jueves 18 allanamientos, en el marco de la continuación del operativo anticorrupción de la Operación Coral.
Wilson Camacho director de la PEPCA, explicó a los medios de comunicación que los operativos de hoy buscan incautar bienes y recolectar evidencias.
Dijo que la cantidad de bienes que ha manejando esta red es sumamente cuantiosa. «Es una segunda ola de incautaciones para llegar hasta el último peso que se hayan robado del erario», por lo que hoy se han hecho 18 allanamientos y en la medida de que la investigación continúa y lleguen a otras ubicaciones seguirán con la Operación Coral.
«Hasta el momento estamos incautando bienes y recolectando evidencias. Los allanamientos están en proceso, cuando se cierren podrán saber si se han producido apresamientos,» expresó Camacho. Los allanamientos se producen en fincas, villas, apartamentos, locales comerciales, entre otros en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, La Vega, Monte Plata y Duarte (San Francisco de Macorís).
Por otra parte se informó qué los miembros del Ministerio Público que este jueves hicieron allanamientos en Jarabacoa, en referente al Caso Coral, si auxiliaron de un camión cisterna del cuerpo de bomberos en una de las intervenciones.
El camión del Distrito Municipal de Buena Vista fue usado para bombear agua de una cisterna en la que se presume implicados en el caso habrían ocultado pruebas.
En el expediente figuran como encartados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien dirigió durante varios años el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en el que se instaló el mecanismo de corrupción que sustraía fondos a través de las nóminas oficiales y que extendió sus garras de corrupción a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Por este caso están en prisión, además de Cáceres, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), quien, según el Ministerio Público, se valió de sus actividades religiosas para desarrollar actividades ilícitas que afectaron al Estado y a los fondos de los contribuyentes.
También, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez. Solo Girón Jiménez guarda arresto domiciliario, por su delaciones y colaboraciones ofrecidas al Ministerio Público para desarticular la red.
