Un presunto líder explotador de menores; cuatro niños vinculados en actividades con fines económicos, retención de infantes, privación de libertad y madres llorando desconsoladamente a las afuera del recinto penal. Esta es la historia que ha estremecido a la región. Muchas versiones, muchas aristas, pocos resultados.
Bávaro, Punta Cana.- El controversial caso de una presunta banda de explotadores de menores con fines económicos, liderada por un canadiense, se dio a conocer hace unos días en la región. Días pasados, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), miembros de la Policía Municipal y de la Junta Municipal Verón-Punta Cana, retuvo a los sujetos implicados por presuntas actividades vinculadas a la explotación del menor.
Los hechos tuvieron lugar en el semáforo del cruce de Friusa de la demarcación turística. En el vehículo incautado, se encontraron cámaras, luces y otros equipos audiovisuales.
El argumento de los implicados se basa en que éstos realizaban una producción cinematográfica, con «fines culturales y recreativos». El interés por hacer parte de esta producción a niños menores de edad, es sencillamente para vivificar y materializar la realidad en América Latina, en relación a la pobreza y el trabajo infantil.
De igual forma alegan que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, le ofrecieron dinero a los menores. Únicamente una ayuda y apoyo en cuanto a su vestimenta, comida, útiles para el colegio y cualquier aporte para contribuir con su pleno desarrollo infantil.
Madres desesperadas
Lágrimas, sollozos, gritos y angustia invadían a las madres de los menores de edad implicados. Éstas se encontraban a las afueras del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), esperando alguna mínima incandescencia, una respuesta, una señal, algo que les devolviera la esperanza.
La madre de David, de nacionalidad haitiana, asegura que el líder de la presunta banda es «americano» o canadiense y, que en varias oportunidades, ha ayudado no solo a su hijo, sino a muchos niños en situaciones de pobreza extrema. Ella relata que ese día su hijo fue a jugar como siempre y luego, al anochecer, se enteró que las autoridades lo habían retenido.
Asegura que en todo momento, la intención de este hombre y de su esposa ha sido ayudarlos, pues los cataloga como personas altruistas. Indica que han ido varias veces a su casa para conversar y demostrar su interés en ayudar a su hijo para que pueda tener mejores condiciones de vida.
Por su parte, Ámbar Gómez, madre de Ezequiel, menor de 13 años de edad, denuncia la incompetencia de las autoridades, debido a que, hasta el momento, no se le ha asignado un abogado de oficio por parte del Estado. No se le ha prestado ningún tipo de protección al menor, se han vulnerado sus derechos y niega rotundamente que el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, perteneciente al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), no han ofrecido ningún tipo de respaldo ni resguardo hacia los niños retenidos. Por el contrario, enfatiza que dichos organismos han vejado y vulnerado los derechos de los menores.
Sostiene que existen muchas irregularidades en los procedimientos, debido a que no se han hecho las investigaciones pertinentes, pues señala que la pareja de cineastas canadienses, les hicieron firmar un documento, como especie de permiso para que sus hijos puedan grabar. Indica que en el documento no hay ninguna cláusula en la que se hable de una remuneración económica.
Ámbar Gómez, exhorta a las autoridades pertinentes de hacer bien su trabajo y exige libertad para su hijo.
«Mi hijo no es un delincuente, es un niño de 13 años. Conani no ha hecho absolutamente nada por resguardar sus derechos. Ni siquiera han aparecido. Están tratando a nuestros hijos como delincuentes. No es posible que por una buena acción de esta pareja, quieran tapar la pobreza que existe en el país y la incompetencia de las autoridades. ¡Ya basta! Queremos justicia y exigimos que se encarguen de estos abusadores. De aquí no nos movemos hasta que nos entreguen a nuestros niños», exclamó Gómez.
La versión del Conani
Según nos informa el periodista Julio González, que Hecmar Leonardo, encargada de la entidad Verón-Punta Cana del Conani (Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia), asegura que los menores están siendo resguardados por su entidad.
Precisa que en esta oportunidad el Ministerio Público tendrá la mayor actuación, ya que solicitó que los menores permanezcan bajo el resguardo del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
La fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Rocío García, perteneciente a la provincia de La Altagracia, enfatizó que este organismo solicitó protección para los menores.
Aseguran tener datos y pruebas suficientes para sostener las acusaciones reveladas. Indican que hasta el momento, su único interés es resguardar y proteger a los menores implicados, incluso de sus mismos padres de ser necesario.
Inocentes vs. Culpables
Este controversial y polémico caso no parece hasta ahora tener una resolución definitiva. Las pruebas no son precisas, en su mayoría son circunstanciales y poco concisas.
Profesionales del Derecho, que por motivos personales, solicitaron resguardar su identidad, expresaron que la postura del Ministerio Público será la definitiva para la resolución del caso.
«Hay un vídeo y material fotográfico que se está haciendo viral, pues al parecer los sujetos privados de libertad han sido liberados. Esta información aún no está lo suficientemente ampliada. El hecho como tal carece de toda precisión legal, puesto que las medidas que tomó este grupo para la supuesta filmación del vídeo, no fue de manera legal, ya que ni siquiera hablemos del Conani, sino de los permisos correspondientes para hacer cine independiente en el país. No hubo un buen manejo ni asesoría legal correspondiente. Los procesos se perjudicaron, debido a la poca información y el desconocimiento de las partes», afirma el informante.
Por un lado, tenemos a unas madres llorando a sus hijos retenidos, asegurando y dando fe de las buenas y generosas intenciones de este grupo de cineastas y su líder canadiense, pero por otra parte, se incurre en el incumplimiento legal de los procesos, lo cual, aunque sin intención presunta, tal como se dieron los hechos, todo indica una ser, según los tecnicismos, explotación al menor.
Malentendidos, buenas intenciones, malos manejos e incorrecto procedimiento legal. Sin duda, todo es posible o tal vez, por el contrario; las malas intenciones, aprovecharse de familias humildes para la búsqueda de un fin y pretensiones oscuras son la otra cara de la moneda. Todo es un supuesto, que con el paso del tiempo, esperamos que la Justicia aclare.
Como soporte y disertación final, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva hace un arduo análisis acerca de la presunta inocencia y concluye de la siguiente manera:
«presentar como culpable a quien no ha sido condenado por un juez, tras el análisis especializado y concienzudo de todas las pruebas, es simplemente una forma de mentir. Y ello supone faltar al primer y esencial principio de la profesión, la veracidad y la justicia».
