Punta Cana. En su rendición de cuentas el pasado domingo 27 de febrero, el presidente de la República, Luis Abinader, dejó claro el respaldo a la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio “para recuperar el dinero robado al pueblo dominicano”, por lo que solicitó a los legisladores que se sumen a este objetivo.
El mandatario anunció que con esa legislación se fortalece el proceso de transparencia de la administración pública y de independencia de la justicia, a los fines de evitar los actos de corrupción gubernamental.
¿Pero que es la extinción de dominio?
El controvertido, pero necesario, proyecto de Ley de Extinción Dominio retorna a la palestra. La extinción de dominio es un concepto que ha sido empleado en algunos países y que nace por la necesidad de decomisar bienes adquiridos fruto de acciones fuera del marco de la ley, pero que el Estado no tiene la forma de probarlo, aunque sí una legítima sospecha.
El proyecto de Ley de Extinción de Dominio ha sido objeto de amplios debates en el escenario público, pero resulta preocupante para algunos sectores que, a pesar de los comentarios que han sido externados en estas últimas semanas, todavía existen serios y legítimos cuestionamientos que deben ser debidamente considerados antes de proceder a cualquier aprobación.
Cuando se trata de una ley que establece un arma tan poderosa, que permitira que el Estado confisque bienes privados sin contar con una condena por un delito subyacente, se requiere de una revisión minuciosa y consenso social respecto a estos poderes extraordinarios, de acuerdo con análisis de varios economistas.
En este sentido, la versión del proyecto de ley que ha sido circulado define el concepto de extinción de dominio como la “pérdida del dominio o propiedad de un bien como consecuencia de su ilicitud que procede cuando se establezca la existencia u ocurrencia de un hecho ilícito”.
Un aspecto importante de destacar, es que a quien se le pretende decomisar los bienes es quien debe probar que no tienen procedencia ilícita, algo que representaría un cambio fundamental del sistema legal en el país.
El proceso de extinción de dominio sería una acción pública independiente que se utilizaría, por ejemplo, para los casos en los cuales un narcotraficante acepta ser extraditado a otro país, cumple una condena en el extranjero, regresa a nuestro país para disfrutar de sus bienes que no fueron tocados por la acción penal en donde fue juzgado.
