PUNTA CANA. El Tribunal Superior Administrativo (TSA), mediante la sentencia 0030-01-2024-SSMC-00099, rechazó la solicitud de medida cautelar interpuesta por la empresa Consorcio Iluminación Solar La Altagracia, el pasado 10 de julio 2024.
Este fallo reafirma la validez de la resolución RIC-31-2024 emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en la que rechazó el recurso de reconsideración de la empresa y ratificó la nulidad del proceso de contratación AYUNTAMIENTO HIGÜEY-CCC -LPN-2021-0003.
El proceso de licitación anulado por Contrataciones Públicas, debido a varias irregularidades detectadas en el proceso, se refiere al realizado de manera conjunta por los cabildos de Higüey y Verón Punta Cana, mediante el acuerdo “Intermunicipal de Licitación Conjunta, firmado el 14 de junio del 2021.
Este proyecto contemplaba la instalación de 6,000 luminarias autosustentables con paneles solares, baterías y opción de cámaras de seguridad integrada en el Ayuntamiento de Higüey, con un contrato valorado en 285 millones de pesos.
En el caso de la Junta Municipal de Verón-Punta Cana, se pretendía instalar 5,600 luminarias, con un contrato de 265 millones de pesos.
La empresa adjudicataria fue el Consorcio de Iluminación Solar La Altagracia, identificado con el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) 1-32-48539-4 y Registro de Proveedor del Estado (RPE) 102694, por intermedio de su gerente y representante, el señor Jonathan Arzeno.
Para validar su decisión de rechazo a la medida cautelar interpuesta por el Consorcio de Iluminación Solar La Altagracia, el TSA argumentó que la solicitud de la empresa no cumplió con los requisitos establecidos por la Ley 13-07.
Asimismo, el tribunal señaló que Contrataciones Públicas actuó dentro de sus facultades al anular el proceso, conforme a los artículos 66 y 71 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. Estas disposiciones otorgan a la DGCP la autoridad para invalidar procedimientos en caso de irregularidades que se atiendan contra el debido proceso y racionalidad.
La sentencia de la TSA valoró especialmente la protección del interés público, al considerar que el procedimiento presentaba irregularidades significativas, las cuales fueron descubiertas tras una investigación realizada por la DGCP en respuesta a una denuncia del señor Alejandro Mercedes Zorrilla.
Este fallo refuerza el control de la legalidad y transparencia en los procesos de contratación pública.
