Punta Cana. El tan controversial caso Odrebecht, que llevó a la justicia a trece funcionarios públicos y un empresario llegó a su fin con un desplome de argumentos acusatorios que no pudieron ser sostenidos casi cinco años después de instrumentados.
De los mencionados 92 millones de dólares pagados como sobornos en el país para conseguir obras por la empresa brasileña, no hubo ni un solo condenado por haberlos recibido, y solo se les impusieron penas a Ángel Rondón, a quien las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le impuso ocho años de prisión por delito de lavado de activos y soborno nacional, además del pago de 200 salarios mínimo como multa.
Víctor Díaz Rúa fue condenado a cinco años de prisión por lavado de activos provenientes de enriquecimiento ilícito, a causa de ocultar fondos para impedir la determinación del origen ilícito de bienes adquiridos mediante empresas, los que no incluyó en su declaración jurada de bienes al salir de la administración pública. Díaz Rúa también deberá pagar una multa de 200 salarios mínimo.
Los demás implicados del proceso, Tommy Galán, exsenador por San Cristóbal; Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa); Andrés Bautista, exsenador por la provincia Espaillat, y el abogado Conrado Pitaluga, quedaron en total libertad y el tribunal ordenó el cese de todas las órdenes de inmovilización de fondos, la cancelación de cualquier obstrucción u oposición, el levantamiento de las medidas cautelares y la restitución de todos los bienes afectados durante el proceso.
Ángel Rondón, quien desde el principio fue señalado como la figura principal del proceso por atribuírsele ser el repartidor de los fondos, expresó que acepta la decisión del tribunal, y enfatizó que ha sido la única vez que ha habido soborno sin sobornados, lo que reiteró ha sido y seguirá siendo su discurso hasta la última instancia.
“Yo sigo con la frente en alto porque el Ministerio Público no pudo demostrar el soborno. Lo que la sociedad quería era que aparecieran los sobornados, no era mi cabeza”, dijo Rondón al terminar la lectura del dictamen.
El Ministerio Público adelantó que apelará la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en los casos que hubo descargo por considerar que hay algunas contradicciones.
“Una vez se nos notifique completa la decisión estaremos recurriendo la misma con relación a las personas que han sido descargadas, porque estamos convencidos de que debía haber condena, como la ha habido hasta este momento, pero entendemos que debieron ser más”, expresó Camacho al término de de la lectura de la sentencia.
Wilson Camacho resaltó que el proceso dejó un primer caso en que se ha ordenado el decomiso de varios bienes que permitirán recuperar parte del dinero defraudado al erario.
