Punta Cana. Los vocales de la Junta Distrital de Verón-Punta Cana han mantenido un silencio sepulcral frente a las irregularidades detectadas en los procesos de contratación pública en esta institución.
Según atribuciones otorgadas por el artículo 52, 91 y 92, de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, a los vocales les asiste el derecho de supervisar, fiscalizar y solicitar información sobre las actividades municipales.
Y como funcionarios municipales, la Constitución los obliga a referirse públicamente sobre aspectos que conciernan al interés público, exigiendo explicaciones y responsabilidades.
Sobre las irregularidades de estos procesos, el pasado sábado los vocales se reunieron con altos ejecutivos de la Junta Distrital. Pero tampoco se pronunciaron públicamente sobre lo tratado en ese encuentro, por lo que se ignora los temas tratados y en cuáles términos fueron dirimidos.
Un velo de misterio cubre, por lo tanto, la postura de los vocales electos por el pueblo de Verón-Punta Cana para defender los intereses de la comunidad.
La única voz que ha exigido respuestas es la de Marcelle Flores, quien ha mostrado su preocupación por las irregularidades detectadas y ha pedido una revisión exhaustiva de los procedimientos involucrados.
Además, de Marcelle Flores, los vocales de la Junta Distrital de Verón-Punta Cana son: Uridys Marte, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Raúl Polanco, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Dionicio López, de la Fuerza del Pueblo, y el presidente de la Junta de Vocales, Wagner Encarnación, también del PLD.
LAS IRREGULARIDADES
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), mediante la resolución 178-2022 dictada el 17 de diciembre de 2022, anuló la licitación pública Ayuntamiento Higüey-CCC-LPN-2021-0003, realizada por el Ayuntamiento Municipal de Higüey y la Junta Municipal de Verón-Punta Cana, debido a varias irregularidades detectadas en el proceso, entre las que figuran la inexistencia de fondos suficientes para iniciar el procedimiento.
El proyecto, impulsado por ambos cabildos mediante el acuerdo “Intermunicipal de Licitación Conjunta”, firmado el 14 de junio del 2021, contemplaba la instalación de 6,000 luminarias autosustentables con paneles solares, baterías y opción de cámaras de seguridad integrada en el Ayuntamiento de Higüey, con un contrato valorado en 285 millones de pesos.
En el caso de la Junta Municipal de Verón-Punta Cana, dirigida por Ramón Ramírez (Manolito), se pretendía instalar 5,600 luminarias, con un contrato de 265 millones de pesos.
La DGCP también canceló el acto de adjudicación para la renta de camiones compactadores llevado a cabo por la Junta Municipal de Verón-Punta Cana y ordenó la convocatoria de un nuevo procedimiento, tras detectarse una serie de irregularidades y violaciones al debido proceso.
Entre las irregularidades detectadas en dicha adjudicación se encuentra el hallazgo de la firma digital del director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, lo cual sorprendió al titular de esta dependencia estatal.
La contratación, con un valor referencial de 13 millones 540 mil pesos, y que estaba destinada a la recolección de desechos sólidos en el distrito por un periodo de cuatro meses, presentó múltiples deficiencias en las etapas de evaluación y documentación, según el informe de la DGCP de la cual tuvo copia Bávaro News.
La Junta Municipal convocó al procedimiento de excepción por urgencia Ayto. Verón-MAE-PEUR-2024-0002, el 23 de mayo de 2024, mediante el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP). En dicho proceso, se identificó una única oferta bajo el nombre de “Relleno Sanitario Vermont, SRL”. Sin embargo, al revisar la oferta, los peritos de Contrataciones Públicas encontraron documentos pertenecientes a otro proveedor, identificado como Crozzier, S.R.L.
El error citado había sido notificado a Contrataciones Públicas en carta enviada desde la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Junta Municipal, de fecha 6 de junio del 2024. En esa misiva, las autoridades municipales locales aclaraban que “a la hora de enviar el sobre con la oferta de manera física, el oferente cometió un error e incluyó la documentación legal correspondiente a otra de sus compañías, por lo cual la adjudicación se realizó a nombre de la empresa (Relleno Sanitario Vermont SRL/RNC 132-11802-2) en lugar de (Crozzier SRL RNC 131-97307-8). Nos enteramos de este inconveniente durante la notificación de la adjudicación”.
