PUNTA CANA; Durante mi etapa como periodista asignado a fuentes de seguridad nacional, tuve una discusión memorable con un alto oficial de la Policía. El debate surgió a raíz de una práctica que se volvía habitual: la presentación ante los medios de comunicación de personas detenidas por sospechas de haber cometido algún crimen o delito.
El oficial defendía esta exposición pública como una medida regular. Decía que mostrarlos ante la nación pretendía enviar un mensaje claro y contundente: los criminales serán perseguidos y capturados. Yo estaba en desacuerdo. Aquella postura atentaba gravemente contra un principio básico del sistema de justicia, que es la presunción de inocencia.
Le dije con determinación que exponer a una persona sin decisión judicial, con su nombre, apellido y rostro frente a las cámaras, era condenarla a priori ante la opinión pública. A partir del instante en que su imagen aparezca en los medios, la sociedad ya emite su veredicto. El daño suele ser irreversible, aunque esa persona sea completamente inocente.
Pero para la mayoría queda «fichada» socialmente. Aun cuando esa persona fuera declarada inocente en un tribunal, el impacto de haber sido públicamente expuesta causa daños a su honra y reputación, su vida personal y hasta sus oportunidades laborales.
El solo hecho de estar en titulares de periódicos y noticieros bajo “sospecha”, es suficiente para que no pocos crean que «algo debió haber hecho». Este juicio social a veces es más devastador que la misma acción judicial. Ministerio Público y Policía Nacional no deben olvidar que la sobreexposición mediática de imputados y sospechosos sin sentencias definitivas deriva en condenas sin juicio que frustra y destruye vidas.
