SANTO DOMINGO- El Ministerio Público se encuentra inmerso en un proceso de transformación institucional que busca fortalecer sus capacidades de investigación y la persecución penal, meta que requiere de forma imprescindible de la asignación de los recursos suficientes para cumplir con sus funciones conforme aspira la sociedad dominicana.
Así lo consideró la procuradora general de la República, Miriam Germán, durante su ponencia “Transformación del Ministerio Público a la luz de la nueva visión institucional”, presentada ante los miembros de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR).
“Desde que asumimos la dirección del Ministerio Público en agosto de 2020, se ha emprendido una serie de iniciativas cuyo objetivo principal es fortalecer las capacidades de investigación y persecución penal, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales, a fin de desempeñar con eficiencia las atribuciones conferidas por el artículo 169 de la Constitución”, expuso la magistrada Germán Brito.
En ese sentido, la procuradora general citó que el organismo ha realizado un control presupuestario, ha impulsado una mejora progresiva al personal de carrera administrativa, además de reforzar los mecanismos de fiscalización interna a través de la Contraloría del Ministerio Público y adoptar herramientas tecnológicas adecuadas para garantizar el éxito de la persecución de la criminalidad.
Reveló que desde su llegada a la Procuraduría se concentró en restaurar la confianza pública en la institución, sin dejarse arrastrar por el populismo penal, con la finalidad de perseguir la corrupción, el crimen organizado y los casos ordinarios que van en contra de la ley.
“El Ministerio Público debe ser un celoso guardián de la “cosa pública” y no puede tener amigos ni enemigos para traducir a la acción penal a quienes traicionen la confianza depositada para ejercer una función pública. No puede haber paños tibios ni maltratos, ni encono ni indulgencia, sino la firme determinación de procurar – en el marco del debido proceso- que jueces independientes e imparciales determinen la responsabilidad penal de quienes se apropien ilícitamente de los recursos públicos”, puntualizó.
Germán garantizó que, independientemente de si se realiza o no una reforma constitucional para la elección de manera independiente del o la titular de la Procuraduría General de la República, continuará impulsando la transformación institucional del Ministerio Público.
“Estamos comprometidos a cumplir con las normas institucionales que aseguren la transparencia, planificación y coordinación institucional del Estado, pero sin sujetarnos a la tutela administrativa de ningún órgano de la Administración central, ya que ello comprometería la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria que reconoce el artículo 170 de nuestra Constitución”, manifestó la procuradora Germán Brito.
Reconoció que los cambios institucionales que requiere el Ministerio Público no pueden emprenderse si no cuenta con el presupuesto necesario para cumplir efectivamente con sus funciones.
“Somos conscientes de las limitaciones financieras por las que atraviesan el país y el mundo, a consecuencia de la pandemia del Covid-19, pero confiamos en que la institución continuará recibiendo el apoyo necesario para impulsar la transformación institucional que requiere la procuración de justicia conforme a las exigencias de la sociedad dominicana”, dijo.
Presidente AMCHAMDR: “Seguridad jurídica es vital para la competitividad”.
Previo a la ponencia de la magistrada Germán, el presidente de AMCHAMDR, Roberto Herrera, destacó que la seguridad jurídica es un pilar fundamental de la competitividad y un factor clave para atraer inversiones al país, ya que incide en la transparencia, eficiencia en la administración pública y fortalecimiento institucional.
“La seguridad jurídica es necesaria para establecer reglas del juego claras y evitar que los privilegios de uno u otro sector beneficien a unos proyectos productivos y marginen injustamente a otros”, planteó Herrera, quien entiende que el país debe continuar avanzando para mejorar su posicionamiento en el índice Global de Competitividad, que nos sitúa en el puesto 123 de 137 países medidos en el apartado de independencia del Poder Judicial.
