PUNTA CANA; En el ejercicio de la función pública, las autoridades tienen la obligación ineludible de actuar conforme a los principios establecidos por la Constitución y las leyes vigentes. No se trata de una expectativa idealista, sino de un mandato que asegura la administración correcta y transparente de los recursos públicos.
La legitimidad de los funcionarios que deciden en nombre de la ciudadanía se sostiene en la medida en que sus acciones se alineen con este marco normativo. Sin embargo, es un comportamiento común que el cumplimiento de estas obligaciones básicas se perciba como un acto meritorio digno de aplausos.
Esta perspectiva revela una comprensión superficial del rol de los servidores públicos y distorsiona la esencia misma del servicio público. Los ciudadanos deben tener siempre presente que los funcionarios fueron elegidos para trabajar por el bienestar común y que, por tanto, cumplir con sus deberes no es un favor, sino una responsabilidad intrínseca a su cargo.
La rendición de cuentas es un elemento vital de una administración pública efectiva y transparente. No es mera formalidad, sino un mecanismo primario que permite a la sociedad vigilar y evaluar el desempeño de sus autoridades.
La supervisión constante y crítica del actuar gubernamental es lo que asegura que los recursos públicos se manejen con eficiencia y probidad. Aplaudir a una autoridad por cumplir con sus responsabilidades puede ser una reacción comprensible para quienes no están familiarizados con las dinámicas del servicio público.
Pero ojo con eso, porque esa actitud puede contribuir a validar una cultura de complacencia que debilita la exigencia de una gestión pública de alta calidad.
En vez de lisonjas, lo que se requiere es una ciudadanía consciente y exigente, que reconozca y demande la excelencia como norma, y no como excepción.
