Verón. La subdirectora de Verón-Punta Cana, Ángela Rivera, fue demandada por los empresarios Mario Alfredo Heinsen Ginebra y Crisyael Montilla Martínez, por supuesta difamación e injuria por medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones y audiovisuales.
La querella se interpuso el 31 de marzo del presente año. El motivo de esta acusación es que supuestamente Rivera inició en febrero de este año una serie de visitas a diversos medios de comunicación como parte de un supuesto plan para desacreditar a Mario Heisen y a Crisyael Montilla. Sus alegatos también fueron presuntamente publicados a través de varios medios electrónicos.
Según señala la acusación, Rivera se valió de su posición de subdirectora del Distrito Municipal Verón-Punta Cana para llevar a cabo la supuesta difamación e injuria.
Como consta en el acta de acusación, Rivera hacía referencia en sus entrevistas a un supuesto monopolio creado por los demandantes, Mario Heinsen y Crisyael Montilla Martínez, para ser beneficiados a través de sus empresas Corporación Pelicano y Crozier SRL, con licitaciones en la Junta Municipal de Verón-Punta Cana, el Ayuntamiento de Higüey y el Estado Dominicano.
Rivera se refería, principalmente, a una supuesta licitación de lámparas solares que hizo el Ayuntamiento de Higüey, por 547 millones de pesos. La subdirectora supuestamente calificó de irregular esta licitación adjudicada a la empresa Corporación Pelicano.
Los querellantes afirman que Rivera, supuestamente, usó las palabras soborno, extorsión, delincuente, lavado de activos, asociación de malhechores o mafioso, monopolio e irregularidades, para referirse al señor Mario Heinsen.
Según el acta de acusación, copia de la cual obtuvo este medio, Rivera también hizo referencia a un supuesto permiso medioambiental que adquirieron los demandantes para un vertedero en La Otra Banda y el servicio de transporte de la basura hacia ese lugar.
¿QUÉ PIDEN?
Los demandantes solicitan que se acoja la querella, que se declare culpable y en consecuencia se le condene a un año de prisión y al pago de una multa equivalente a 500 salarios mínimos a favor del Estado Dominicano.
También se pide que condenen a Ángela Rivera al pago de una indemnización de 100 millones de pesos. Además de que pague el costo de los servicios de los abogados de los demandantes.
Otra de las peticiones incluidas en la demanda es que se retiren los programas y videos publicados al respecto.
TESTIGOS
En las actas de acusación se presenta como testigo, además de Maro Heinsen, al señor Luis Manuel del Río, actual consultor jurídico de la Junta Municipal Verón-Punta Cana, con el fin de determinar que el demandante no tiene procesos de licitación ganados con la Junta.
Se destaca que Del Río fue quien entregó los videos y audios a Heinsen en los que se ve y escucha a la subdirectora Ángela Rivera hablando sobre el demandante y el señor Crisyael Montilla.
Otro de los testigos es Víctor Marcelino Pichardo Doñé, actual encargado de la Policía Municipal en Verón-Punta Cana, con quien se pretende demostrar que los audios y programas de Rivera circularon por todo el Distrito Municipal Verón-Punta Cana. La acusación detalla que este vio los programas. Además, se cita a Gabriel Montilla Geraldo, quien también vio los programas.
